COLOMBIA PIDE PERDÓN POR ALGO QUE NO COMETIÓ

París, agosto 18 de 2011
El pedido de perdón” del ministro Vargas es una infamia contra Colombia,
un insulto a todas las víctimas de las FARC y de los otros aparatos
terroristas que esa banda creó.





Hay algo de indecente en el “perdón”
pedido, en nombre del Estado colombiano, por el ministro del Interior
Germán Vargas Lleras, por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas el 9 de
agosto de 1994 en Bogotá. Tras las sucintas informaciones publicadas por
dos diarios acerca del acto en un salón del Capitolio nacional, se
instaló un gran silencio. Es como si todos hubiéramos aceptado que ese
pedido de “perdón” es legítimo y que los hechos sobre los cuales éste
descansa son muy claros.

Pero esa no es la situación.

El ministro Vargas Lleras acató una
sentencia de la CIDH que, acogiendo las pretensiones desproporcionadas
de la familia de Cepeda Vargas, obliga al Estado colombiano a someterse a
esa ignominia. Nada más legítimo que la familia del senador comunista
asesinado pida justicia y reparación. Sin embargo, Iván Cepeda, el hijo
del muerto, se ha embarcado en una operación de largo aliento que va más
allá de eso. El quiere culpar de ese crimen al Estado Colombiano y
obligarlo a que acepte semejante acusación, como si ésta no fuera falsa,
y que soporte una serie de humillaciones.

Lo ocurrido en el Capitolio el 8 de
agosto pasado es una claudicación del gobierno de Juan Manuel Santos
ante una de las operaciones de deslegitimación del Estado colombiano más
vastas que el país haya conocido. Es cierto que ese tribunal extranjero
falló de esa manera. Ello no quiere decir que esa sentencia sea
irreprochable, justa e imparcial. Es, por el contrario, una sentencia
que debe ser cuestionada. Por una razón fundamental: la CIDH fue incapaz
de reconocer los hechos del asunto, sobre todo el punto principal: que
ese asesinato no fue urdido, ni ordenado, ni dirigido, ni auspiciado, ni
ocultado por el Estado ni por el gobierno colombiano. Esa sentencia
pretende, además, rehacer la historia de la subversión en Colombia. Ella
escamotea la terrible agresión que sufría Colombia por parte de las
FARC y de los carteles de la droga en ese momento y la guerra entre las
FARC y los paramilitares. Esa sentencia pretende convertir a Manuel
Cepeda Vargas, un agente subversivo violento, en un paladín “de la
democracia”. Ese texto contradice incluso la historia de las FARC y del
PCC al negar que entre la UP y las FARC haya lazos, al negar que los
haya habido entre el PCC y las FARC. Esa sentencia es un acto de
negacionismo histórico inadmisible.

Manuel Cepeda Vargas fue asesinado por
paramilitares autónomos pagados por Héctor Castaño Gil, hermano de
Carlos Castaño Gil, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC). Dos sargentos del Ejército hicieron parte del comando que asesinó
a Cepeda, eso es cierto, pero tales individuos estaban bajo órdenes de
los paramilitares que organizaron y pagaron la emboscada.

La sentencia admite que Fabio de Jesús
Usme Ramírez, alias el “Candelillo”, y Edilson de Jesús Jiménez, alias
el “Ñato”, “habrían sido contratados por el señor Castaño Gil para dar
muerte al senador Cepeda”; que la persona que conducía el automóvil
desde donde se le disparó a Cepeda “habría sido un paramilitar llamado
Pionono Franco Bedoya, quien habría muerto en octubre de 1994”. La
sentencia agrega que la Fiscalía señaló que Víctor Alcides Giraldo,
alias “Tocayo”, se encontraba vinculado al proceso por haber participado
en la coordinación de los sicarios que ejecutaron a Cepeda, y que
Giraldo había muerto durante las investigaciones, “poco después de
fugarse de la cárcel de máxima seguridad de Bellavista en 1995”.



or su parte, el diario El Tiempo
de 12 de junio de 2001 reveló que de una cuenta bancaria de Héctor
Castaño Gil “salió el dinero para pagarle a Fabio Usme”. El artículo
agrega: “Esta cuenta, cuatro meses más tarde, sirvió para pagar los
gastos funerarios de “Candelillo”, asesinado en Mutatá (Antioquia). El
sicario fue sepultado el 16 de diciembre de 1994 en el cementerio
Jardines de la Fe de Bello, con otro nombre”. En marzo de 2009, la
Fiscalía dictó auto de detención preventiva a Edilson Jiménez Ramírez,
por el atentado contra Cepeda Vargas.

En el libro Mi Confesión, de
Mauricio Aranguren Molina, publicado en febrero 2001, donde el autor
recoge las declaraciones de Carlos Castaño Gil, éste dice que él dirigió
“el comando que ejecutó al senador Manuel Cepeda Vargas” y que él
ordenó “su muerte como respuesta a un asesinato que perpetró (sic) las
FARC, fuera de combate”. La Procuraduría siempre afirmó que Carlos
Castaño Gil había ordenado a “Candelillo” y al “Ñato” intervenir en el
ataque mortal contra Cepeda.

Iván Cepeda, y el colectivo de abogados
que lo apoya, nunca hicieron la distinción entre un sargento que por
compromiso con delincuentes comete un crimen y un sargento que bajo
órdenes de su jerarquía comete un crimen. Esa distinción es esencial
para conocer la verdadera naturaleza del atentado contra Cepeda Vargas.
La responsabilidad o no del Estado colombiano depende de esa distinción.

Iván Cepeda no la hace. La CIDH no la
hace. El Partido Comunista, del cual Manuel Cepeda era dirigente, no la
hace. A ninguno de ellos les interesa que la ciudadanía sepa qué ocurrió
el 9 de agosto de 1994. Les interesa, por el contrario, hacer creer que
el Estado y el gobierno ordenaron ese atentado. Ello es falso. Ningún
tribunal colombiano ha comprobado tal cosa. La misma CIDH fue incapaz de
probar eso. En cambio, la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia
comprobaron que grupos paramilitares urdieron y realizaron ese
asesinato. Iván Cepeda se aprovechó del hecho de que dos sargentos
estuvieron en el atentado: los suboficiales del Ejército Hernando Medina
Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador. Medina pertenecía al batallón
Tenerife de Neiva y Zúñiga al Batallón Los Panches, también de la
capital del Huila. Nadie ha establecido que sus jefes jerárquicos les
hayan dado la orden de asesinar a Manuel Cepeda Vargas.

Iván Cepeda es impreciso cuando habla de
los autores intelectuales del atentado. Pues sabe que éstos también
fueron paramilitares conocidos, y no el gobierno, ni los mandos
militares. Pero esa versión, la llamada verdad procesal, no le sirve a
Iván Cepeda. El quiere otra cosa. El se empeña en utilizar una amalgama
odiosa pero burda: que su padre fue asesinado “por funcionarios
públicos”, o por “agentes estatales”. El y la CIDH pretenden hacernos
tragar esta culebra: como había “agentes estatales” en la escena del
crimen, ese crimen fue “ordenado” por el Estado, o “desde el Estado
mismo”, como dice, en fórmula aún más ambigua, el magistrado que dictó
la sentencia. Todo ello es inconsistente, si no falso. Los soldados
Medina y Gil actuaron por su cuenta, como sicarios de paramilitares que
eran, no por cuenta de su jerarquía, ni como “funcionarios públicos”.
Iván Cepeda, quien trajina con ese tema desde diciembre de 1993, no ha
podido probar lo contrario. La jerarquía militar cuando supo que Medina y
Gil habían sido acusados de haber participado en ese crimen los entregó
a la justicia. Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador
fueron capturados, juzgados y condenados a prisión por haber jugado un
papel activo como autores materiales en ese asesinato.

En lugar de distinguir, Iván Cepeda
confunde. Iván Cepeda logró hacerle creer al CIDH que la muerte de su
padre se produjo en un “operativo mixto, de militares y paramilitares”.
No obstante, cuando los citados sargentos obraron en ese comando lo
hicieron como pistoleros al servicio de paramilitares, no como soldados
de Colombia. La teoría del “operativo mixto” no tiene sentido si no se
prueba antes que las fuerzas militares ordenaron a los dos sargentos
cometer ese asesinato. ¿Eso ha sido probado? ¿Por quién?