El Cártel de La Habana

El Cártel de La Habana (I)


Fidel Castro siempre ha sostenido contactos y realizado transacciones con el "bajo mundo". El área de la Sierra Maestra, donde se desarrolló la lucha guerrillera contra el dictador Batista, era la principal zona productora de marihuana de Cuba.

Castro no sólo permitió que en los territorios bajo su control se continuase cosechando la droga, sino que la utilizó para recoger fondos que le permitiesen adquirir armamentos. Fue a través del bandolero Crescencio Pérez, por años refugiado en esas serranías y ascendido a comandante guerrillero por el propio Castro, que tuvo lugar esta fructífera transacción comercial.

En julio de 1957, varios líderes de la oposición política opuestos también a los métodos de Castro, visitaron a los rebeldes en la Sierra Maestra. Luego de ese encuentro, Raúl Chibás, figura central de este Frente Cívico Revolucionario, ofreció una conferencia de prensa en el Hotel Sands de Miami Beach con portavoces de grupos anti-batistianos.

Ante los líderes políticos y representantes de la prensa, Chibás expresó con desilusión "la gente de Fidel ha organizado siembras de marihuana en distintos puntos inaccesibles, y Fidel lo permite porque dice que la marihuana excita la combatividad de las gentes. Desde la Sierra se transporta la marihuana para los pueblos cercanos y se vende, y de este modo recaudan dinero".

Durante los años 50, algunas de las familias más poderosas de la mafia de los Estados Unidos habían decidido trasladar sus centros operacionales y estados mayores a La Habana para burlar la vigilancia del FBI. Así, personajes como Lucky Luciano, Anastasia, Santos Trafficante, Meyer Lansky, las familias Gambino y Colombo operaban desde los lujosos hoteles y casinos de esta isla tropical. En noviembre de 1957 tuvo lugar una convención de las veintisiete “familias” de la Mafia en los montes Apalache, al norte del estado de Nueva York, convocada por Vito Genovese, capo di tutti capi de Nueva York.

A la convención de Apalache asistieron entre otros Carmine (Lilo) Galante, Joseph Dipalermo, Salvatore Santora, Santos Trafficante, "Big John" Ormento, Natale-Evola, Joseph Bonnano, las familias Luchese, Gambino, Colombo, Rusotti, Buffalino, LaRocca, Licavoli, Balistrieri, y Aiuppa, entre otros.

El propósito de la conferencia era organizar el negocio más fantástico de casinos concebido hasta el momento; el lugar escogido era una franja de 120 kilómetros que corría de La Habana a Varadero, en la costa norte de Cuba, donde se erigiría una verdadera cordillera de hoteles y cientos de casinos.

En La Habana se hallaba Lucky Luciano, quien sería el organizador de todo este andamiaje; y el negocio envolvería también el tráfico de heroína europea a Estados Unidos, vía Cuba. El plan no se pudo efectuar debido al derrocamiento de Batista, y la Mafia desarrolló entonces a Las Vegas y Atlantic City como alternativas a La Habana.

Cuando se inicia la revolución cubana, casi todas las operaciones de la mafia norteamericana cesaron, al interrumpirse sus vínculos con el antiguo régimen. Ello no fue óbice para en el transcurso del año 1959, el propio Castro se entrevistase con la mayoría de los grandes mafiosos que abandonaban la Isla, o que regresaban a ella para cancelar sus negocios.

De tales conversaciones quedaron lazos y compromisos que luego fueron utilizados ventajosamente por Castro para realizar operaciones comerciales ilícitas a través de México, Suiza y Canadá, que también conseguían burlar el embargo norteamericano.

¿Cuál era el tipo de relaciones que Castro mantenía con cuatro poderosos grupos de la mafia norteamericana desde aquella época? Arthur M. Schlesinger, asesor personal del presidente Kennedy, explica en su libro "Robert Kennedy and his Time", cómo tales conexiones permitieron que Castro sobreviviera fácilmente a los elaborados planes que la CIA acarició durante largo tiempo para asesinarle. Sus nexos con la familia de Santos Trafficante, entre otros, le mantenían informado sobre los planes de Washington.

En un informe de la época, emitido por el Buró Federal de Narcóticos de Estados Unidos, se especulaba ya sobre los tempranos orígenes de la coalición de Castro con el tráfico de narcóticos en los Estados Unidos a través de esas cuatro familias. Schlesinger comenta en su libro que, en julio de 1961, el Buró conocía que Santos Trafficante, uno de los jefes del crimen organizado con lazos en La Habana, representaba los intereses de Castro en el narcotráfico hacia Estados Unidos.

Mediante esos lazos ilegales, Cuba realizó durante la década de los sesenta una serie de transacciones comerciales, muchas veces en alta mar, a través de las que se adquirían semillas de arroz, pastos, semen congelado, ejemplares vacunos y otros productos agrícolas de alto rendimiento.

Pero éstos no serían los únicos vínculos que Cuba explotaría. En el verano de 1960, Raúl Castro, ministro de defensa cubano, visitó Checoslovaquia donde sostuvo largas entrevistas con su contraparte, el general Jan Sejna. El resultado fue un acuerdo de asistencia mutua entre ambos ministerios para la experimentación de la producción de drogas.

Este acercamiento checo-cubano sucede al tiempo que la URSS comienza a desarrollar una comunidad de inteligencia con el concurso de todos los aparatos de espionaje del bloque soviético, en que ha de figurar destacadamente el Departamento Z de la inteligencia checoslovaca.

El Cártel de La Habana (II)


En 1961, la Unión Soviética solicitó los servicios de especialistas checos para iniciar a Cuba en este campo, con instrucciones de prestar atención especial al estudio del tráfico de drogas desde América Latina hacia los Estados Unidos. El GRU y la KGB soviética, asistidos por el Departamento Z de Checoslovaquia, y la Segunda Administración de Espionaje, ayudaron a conformar los trabajos ilegales de Cuba, incluyendo el narcotráfico.
Según el general Sejna, esta operación recibió el nombre de “epidemia rosada”. De inmediato, los checoslovacos comenzaron un programa de tecnología especial en su centro de investigación secreta de Milovice para desarrollar las técnicas de producción necesarias. Los resultados fueron luego facilitados a los servicios cubanos que hasta el momento sólo conocían las crudas técnicas usadas en América del Sur.
A pedidos del entonces premier moscovita Jruschov, y con la intención de acelerar los ya coordinados planes de inteligencia, el general soviético Nikolai Savinkin visitó a todos los países del bloque comunista, entre ellos a Cuba, para precisar detalles sobre el delicado componente del narcotráfico y disponer su despegue.
Una noche de noviembre de 1960, fue ultimado a balazos en un pequeño hotel de Ciudad México el nicaragüense Jail Zarruck, en lo que las autoridades al principio calificaron de crimen pasional. Zarruck recién había regresado de un viaje a La Habana. Con posterioridad se comprobó que el asesino había sido Francisco Otero Lastra, conocido como "Paco el cubano" en el vasto mercado negro latinoamericano, cuya relación con Castro en la compra y venta de armas era sabida.
Esa misma semana, agentes de la policía mexicana allanaron una casa ubicada en la calle Berlín, donde encontraron paquetes de drogas junto a varios cargamentos de ametralladoras, rifles M-1 y otros efectos militares provenientes de Cuba. Fueron detenidos Trecy y Debrowsky, a quienes se le atribuyó el envío de armas a la América Central para un movimiento castrista donde debía figurar el asesinado Zarruck.
El caso no halló una explicación más coherente hasta 1964. El 4 de junio de ese año, Otero Lastra fue asesinado en la prisión de Lecumberri, México. Su viuda declaró a periodistas que su marido había comprado armas para Castro con el dinero de la venta de narcóticos, y que ello era del conocimiento de La Habana. La policía mexicana consiguió pruebas de las actividades de Zarruck y de Otero en el negocio de narcóticos y de armas que vinculaban a funcionarios cubanos en México y en otras capitales del continente en dicho tráfico.
Según el diario Wall Street Journal, en 1961 tuvo lugar una entrevista entre el entonces capitán Moisés Crespo, Che Guevara y un grupo de guerrilleros latinoamericanos en la que se discutió la introducción de drogas en Estados Unidos con vistas a levantar fondos para la guerrilla. Moisés Crespo había sido del círculo íntimo del ex presidente cubano Carlos Prío, razón por la que conspira contra Batista y se asila en los Estados Unidos en 1956, donde espera el triunfo de la Revolución.
Su amistad con el comandante castrista Efigenio Ameijeiras hace que lo licencien junto con éste, en 1967, a raíz de un escándalo de consumo de drogas y marihuana. Crespo salió de Cuba, vía Mariel, en 1980, y no tardó en vincularse al narcotráfico. Murió en Miami en 1986.
En marzo de 1961, la policía colombiana descubrió un vasto complot preparado por La Habana que había logrado establecer un pequeño frente guerrillero en Colombia. Los documentos probaban que dos funcionarios cubanos participaban directamente en la subversión y que otro cubano llamado Máximo Grever entrenaba a la guerrilla en Sumapaz.
Lo que más llamó la atención fue la revelación de cómo el tráfico de armas se hacía por el golfo de Uraba y los aeródromos de Antioquía y de Valle aprovechando aeropuertos semi-abandonados y lugares solitarios de las costas. Al servicio de la embajada cubana había tres aparatos Piper tripulados por el aviador Alfonso de la Rosa, contrabandista de armas en el narcocircuito Panamá-Ecuador-Colombia, radicado en Barranquilla.
En su edición del 12 de agosto de 1961, el diario limeño La Prensa publicaba una entrevista espectacular concedida por los parlamentarios Mario Gutiérrez y Gonzalo Romero de Bolivia. "Bolivia es actualmente una gigantesca fábrica de cocaína que está sirviendo para financiar el tráfico de armamentos y la preparación de futuros 'fidelazos' en la propia Bolivia y en Perú, Chile y Argentina".
El senador Gutiérrez aclaró también que un avión derribado días antes en Bolivia no era un avión pirata. Explicó que antes de su captura se había realizado con el mismo otros quince vuelos sobre territorio boliviano transportando cocaína al exterior y trayendo armas y municiones a las poblaciones de Santa Cruz y Cochabamba.
Agregó que en cada vuelo llegaban diez toneladas de armas automáticas y proyectiles provenientes de Cuba, para ser entregadas a los agentes y subversivos de Perú, Chile y Argentina que clandestinamente las internaban en sus respectivos países. Por último señaló que las armas se pagaban con los fondos de la venta de incalculables cantidades de cocaína traficada desde Bolivia.
Los congresistas bolivianos apuntaron que este tráfico ya había sido mencionado por el ministro de Hacienda de Bolivia, dato que en el exterior no se le había concedido importancia. A raíz de tales denuncias, fueron detenidos y enjuiciados por tráfico de cocaína y espionaje con Cuba el propio jefe de la policía del gobierno de Bolivia, coronel Gaytán Contador.
Una semana después de los hechos en Bolivia, el vicegobernador de la provincia Argentina de Salta, José Guzmán, denunciaba un infame comercio en ambas fronteras, mencionando el papel de Cuba con el ya inculpado coronel boliviano. Se mencionaba además la relación de Cuba con José Requena, administrador de la empresa Yacimientos Petrolíferos Bolivianos y con un grupo de funcionarios argentinos de la provincia de Salta, entre ellos el doctor Bernardino Bella.
El 12 de septiembre, el diario argentino La Razón sacaba a la luz el contrabando de ametralladoras y cocaína introducido por el río Bermejo, a la altura del departamento de Orán, así como de otros contrabandos por Aguas Blancas, acarreados por elementos apoyados por Cuba. Es cuando el gobierno argentino decidió la ocupación militar de la provincia de Salta. El escándalo provocó una crisis gubernamental en Bolivia que trajo la renuncia del vicepresidente Juan Lechín.
Una vez exonerado por una comisión investigadora del congreso de Bolivia, Lechín acusó a los exilados Mario Gutiérrez y Walter Guevara de estos sucesos; este último era el nexo principal con Cuba. Tanto Argentina como Bolivia expresaron sus protestas diplomáticas a La Habana, pero el hecho no cobraría proporciones internacionales ya que la diplomacia cubana se movió febrilmente para sepultar el descubrimiento.
En un audaz golpe de mano, el Frente Revolucionario Democrático (FRD), organización de exiliados cubanos dirigida por el ex-premier cubano Antonio de Varona, hacía pública el 25 de septiembre de 1961 una información basada en documentos secretos obtenidos de la embajada cubana en Montevideo.
En ellos se revelaba un plan de Castro y del Che Guevara para infiltrar la Argentina a todos los niveles, con el fin de preparar condiciones para el derrocamiento del gobierno y hacer ascender a los peronistas y a la izquierda al poder.

El Cártel de La Habana (III)



El Che Guevara dirigía el establecimiento de centros de entrenamiento guerrillero en Argentina, controlando así los brotes subversivos entre Bolivia y Paraguay en los bordes fronterizos con Argentina. Los documentos revelaron que los agentes de la inteligencia cubana que trabajaban para el Che Guevara habían logrado integrar a este andamiaje a los principales traficantes de cocaína del área con el fin de establecer un corredor que facilitase el traspaso de armas y de hombres y la búsqueda de fondos para las operaciones. El escándalo provocado por la publicación de los documentos trajo como consecuencia la expulsión de Cuba de la OEA en enero de 1962.
En abril de ese mismo año, agentes del Servicio Federal de Narcóticos de los Estados Unidos, al mando de Eugene J. Marshall, detuvieron al conductor de un pequeño camión estacionado en una barriada del suroeste de Miami. En su casa se hallaba su esposa; allí se hallaron pruebas que establecieron la conexión de la pareja con los servicios secretos de Castro.
En un compartimiento de doble fondo se halló, además, una cantidad enorme de cocaína pura. La operación concluyó con el arresto de cuatro cubanos: José Barral, Mario Delgado, José León y Gabriela Giralt; un quinto cómplice era el norteamericano Rudolph Martínez. En sus declaraciones, los detenidos admitieron su conexión con los servicios cubanos, señalando como enlace a Juventino Guerra, otro cubano al servicio de Castro desde Nueva York, detenido recientemente en esa ciudad por tráfico de cocaína pura. Los cinco confesaron su participación en el narcotráfico entre Estados Unidos y La Habana.
En el curso de una conferencia de prensa en Washington, el Comisionado de Narcóticos de Estados Unidos, Charles Siragusa, aseguró que la cocaína procedía de Cuba. El 8 de mayo de 1962, Henry L. Giurdano, miembro de esa institución, informaba ante la Comisión de Drogas y Narcóticos de la ONU en Ginebra que "existían pruebas incontrovertibles para dudar sobre el informe del gobierno de Cuba sobre que el tráfico ilícito de drogas había sido erradicado de Cuba".
En testimonio ante el Senado norteamericano, Thomas Cash, agente especial para la zona de Miami de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) señalaba que desde 1963 su agencia recibía información que implicaba al gobierno cubano en el tráfico de drogas.
En junio de 1967, prestó declaración ante una comisión especial de la OEA el venezolano Marcano, quien daría pormenores de la subversión castrista en Venezuela. Marcano, entrenado por los servicios cubanos de inteligencia y contra inteligencia, participó en numerosos actos de sabotaje y terrorismo contra su país.
De acuerdo con Marcano, siguiendo instrucciones de los cubanos, en 1965 se supo en contacto en Colombia con el contrabandista Luis Pérez Lupe, que tenía en sus manos casi todo el comercio ilícito de mercancías, armas y drogas en la costa atlántica. Pérez Lupe aceptó trabajar para La Habana y propuso hacer un puente desde Aruba a las costas venezolanas, con el lanchero de bandera venezolana Nelson Sosa, quien debía trasladar una carga de hombres y armas.
Después, Marcano entró en Venezuela por Maicao, a través del famoso "camino verde" usado por la inteligencia cubana, y que era transitado, entre otros, por traficantes de drogas. Marcano destacó que los cubanos estaban involucrados en el mercado negro que recorre por el Amazonas hasta Manaos. Asimismo, los agentes de Castro organizaron el concurrido corredor de Aruba; otro importante conducto clandestino creado por los cubanos fue el de la costa atlántica colombiana, en el que utilizaban barcos franceses que trabajaban en los bananares de Santa Marta, los cuales podían trasladar hasta diez personas y hacer un viaje sin escala a Hamburgo.
A fines de 1963, un asistente de Raúl Castro viajaba a Checoslovaquia con el fin de obtener equipos especiales para la producción de narcóticos en Colombia y la manufactura de drogas sintéticas como parte de un programa experimental. Según el general Sejna, el propio Raúl Castro recogió los equipos en abril de 1964 tras una visita a Moscú.
Posteriormente, el jefe de logística médica del ejército checo, general Miroslav Hemalla, voló a Cuba acompañado de dos subordinados y dos técnicos para analizar con Castro la posibilidad de producir la droga localmente en la República Dominicana. En La Habana se firmó un acuerdo de cooperación médica para el entrenamiento de cubanos en el uso de los equipos especiales.
En octubre de 1964, los servicios de inteligencia del bloque soviético -incluidos los cubanos- firmaron un pacto estableciendo un sistema de inteligencia integrado. James Angleton, decano de los jefes de la inteligencia norteamericana declaró en una famosa entrevista que "la CIA y sus servicios hermanos en [Gran] Bretaña, Francia y Alemania Occidental habían encontrado suficientes evidencias de coordinación entre la inteligencia soviética, búlgara, de Alemania oriental, Libia, cubana, húngara, rumana y polaca, durante largos períodos, para convencer a los más escépticos".
Los soviéticos orientaron a los checos a introducirse en México y aprender los detalles operativos de ese país, debido a que las más efectivas operaciones de narcóticos ejecutadas por Cuba se realizaban allí aprovechando la corrupción prevaleciente en los medios oficiales. El nombre secreto para esta operación encubierta fue el de “Rin”, y el agente responsable en México fue el mayor Jidrich Strnad, que actuaba bajo las órdenes del Coronel Borsky.
Cuba y Checoslovaquia desarrollaron operaciones conjuntas, como la de Chile, donde el agente checo Danislav Lhotsky estableció una red experimental de producción y distribución de droga en concierto con los cubanos. En 1967 Lhotsky recibió la condecoración Estrella Roja del gobierno de su país.
En la primavera de 1967, el general soviético Savinkin convocó una reunión de varios días en Moscú con la alta dirigencia de los países miembros del Pacto de Varsovia, incluida a Cuba. Entre los tópicos discutidos figuró el uso de los narcóticos como arma de erosión contra el Occidente. A la reunión asistieron por Checoslovaquia los generales Sejna, Bohimir Lomsky y el ministro del interior, Josef Kudrna; la delegación cubana estuvo encabezada por el Ministro de Defensa Raúl Castro.
Meses después, Raúl Castro se dirigió a Praga donde sostuvo intensas reuniones con los altos jefes militares y de inteligencia checos, entre ellos el general Sejna. Allí se abordaron pormenores de la previa reunión en Moscú concernientes a la futura expansión de la actividad narcotraficante y la coordinación de los trabajos de investigación de drogas entre Cuba y Checoslovaquia.
Es conocido que las misiones diplomáticas de Corea del Norte en Europa sufragaban sus gastos con el tráfico de drogas y el mercado negro. Asimismo, el polvo para producir el metaqualon, el psicotrópico más ampliamente consumido en el mundo, provendría fundamentalmente de Hungría, Alemania del Este y de China comunista.
La política de burlar el embargo norteamericano condujo a Cuba a una cultura de corso, legitimada por el gobierno; y, de lo necesario se pasó a la generalización de estas prácticas. En la década de los 60, Castro planteaba reiteradamente el derecho de reproducir y de cualquier manera hacerse de productos occidentales, siempre y cuando se entendiera que dichas mercancías fuesen necesarias.
Los derechos reclamados por Cuba habrían de ejecutarse por medios ilegales y en violación a acuerdos internacionales. Así, la empresa de los servicios secretos cubanos CUBALSE efectuaba las transacciones ilegales del régimen, incluyendo estas las relaciones con organizaciones mafiosas y cierto tráfico de narcóticos.
En la década de los 70, el énfasis comienza a desviarse a la actividad de transferencia tecnológica hacia la URSS y el país, y es precisamente cuando comienzan a organizarse empresas y departamentos especializados, a veces dirigidos directamente por Castro y otras en manos de sus servicios de inteligencia.
l esfuerzo masivo del bloque soviético en el tráfico de drogas alcanzó su cenit en la década de los setenta, donde Turquía devino en el centro de una extensa red de narcotraficantes, mercado negro de armas y terrorismo operado desde Bulgaria. Se utilizaron también los territorios de Sicilia, Trento y Trieste en el norte de Italia, y estuvieron involucradas las Brigadas Rojas. Esta sería una operación muy similar a la descubierta en el Caribe a través de Cuba, Nicaragua y Panamá.
Khun-Sa sería el monarca del famoso “triángulo de oro” que llegaría a producir 60 toneladas de heroína anualmente. El Triángulo se halla en los meandros de los ríos Mae-Sai y del Mekong, y bordea a Laos, Tailandia y Burma, en una tierra de nadie. Khun-Sa contaría con el apoyo del partido comunista de Burma, del marxista Pathet Lao.
La heroína que sale del triángulo de oro encontraría un puente en un país del bloque soviético, Bulgaria, donde la firma comercial XINTEX, una filial de los servicios secretos búlgaros, el "Dajnavna Sigurnost" se ocuparía de comerciarla. El 70 por ciento de la droga que entraría en Europa se canalizará por los búlgaros; y uno de los narcotraficantes más célebres del viejo continente, el turco Bekir Celenk figuraría como el cliente más escogido del jefe de la inteligencia búlgara, Dimitre Savov.
Dentro del bloque soviético, los búlgaros encabezarían las vastas transacciones multilaterales de droga por armas, para beneficiar al Ejército Rojo del Japón, a la OLP Palestina, al IRA de irlanda, el movimiento vasco-terrorista de ETA.
En especial, la OLP dependería tanto en sus finanzas de las transacciones en drogas por armas, mediante los búlgaros sobre todo después de que la crisis del petróleo en 1973 redujo drásticamente sus ingresos provenientes de los países árabes amigos. La OLP cultivaba la droga en el valle del Bekaa, en Sraune y Sahle, que luego la remitían a Bulgaria.

El Cártel de La Habana (IV)


En el curso de la década de los 70 se dieron cita dos coyunturas importantes. La primera tendría que ver con el consumo de narcóticos, que vería una gran expansión en Estados Unidos primero con la marihuana y luego con la cocaína.
La otra coyuntura tenía que ver con el narcotráfico en sí. El Cartel de Medellín necesitaba de un punto intermedio cercano para operar hacia aguas norteamericanas. El Cartel de Medellín llegará a introducir unas 45 toneladas de cocaína en Estados Unidos, representando 25 billones de dólares, y alrededor de 10 toneladas en Europa.
En una intervención ante el Senado, en abril de 1983, James H. Michel, Secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, expresó que existían pruebas de que en 1979, el buró político del Partido Comunista de Cuba había aprobado un plan para intervenir en el narcotráfico utilizando a Cuba como puente y base de apoyo para las redes de traficantes de Estados Unidos.
El suministro se organizó desde las fuentes de abastecimiento en América del Sur y el gobierno de La Habana necesitaba recursos en moneda convertible que estaría dispuesto a obtener de cualquier manera. La vinculación cubana con el narcotráfico era inevitable desde un principio, y además tenía que producirse de manera casi natural: primero, porque en las áreas de producción de Suramérica, los guerrilleros sostenidos por Cuba ocupaban el mismo espacio ilegal que los narcotraficantes.
La guerrilla necesitaba armas y dinero, mientras que el narcotráfico, siempre abundante en dinero, necesitaba protección armada y, sobre todo, acceso a las redes de organización clandestina de la guerrilla y su experiencia conspirativa. Además, una parte importante de todo el tráfico de drogas cayó en manos de exilados cubanos, sobre los cuales La Habana tenía abundante información para el chantaje. La parte del exilio que se vinculó al narcotráfico con Cuba también se sentía razonablemente segura de que no sería traicionada.
En la medida que la crisis financiera y económica se hacía más profunda, la dependencia de la Isla para con los recursos extraídos de Angola y del narcotráfico se amplió. Apurado por lograr una nueva fuente de recursos, Castro se fue involucrando cada vez más en el tráfico de drogas, como apuntara el general cubano exiliado Rafael del Pino.
Tradicionalmente los barcos usados en el narcotráfico colombiano tenían que atravesar el Paso de los Vientos, entre Cuba y Haití, lo que muchas veces les situaba en aguas territoriales cubanas, donde eran interceptados. Las pérdidas de los narcotraficantes se incrementaron con alarma.
Según el testimonio dado en 1982 por el narcotraficante colombiano de Miami Juan Lozano (alias Johnny Crump), es alrededor de 1975 que algunos de los más importantes narcotraficantes colombianos se entrevistaron en Bogotá con el embajador cubano Fernando Ravelo Renedo para negociar la devolución de los barcos y las tripulaciones.
El embajador cubano contestó con una contraoferta de La Habana: a cambio de 800 mil dólares por cada barco, Cuba estaba preparada no sólo para ignorar la actividad de los buques madres que se detectasen en sus aguas, sino que podía proveerles de servicios de reparación y gasolina en sus puertos, así como identificación y escolta cubana hasta las proximidades de los cayos de la Florida.
Así, los poderosos colombianos Alfonso Cotés y Alfonso García comenzaron sus negocios de tráfico a través de Cuba. Los agentes de inteligencia cubanos se pusieron en contacto con algunos potentados de la droga en Miami, como por ejemplo Johnny Crump y el conocido narcotraficante Jaime Guillot-Lara, quien con posterioridad sería empleado de los servicios secretos cubanos y se casaría con una hija de Raúl Castro.
Entre los cubanos exiliados en Estados Unidos implicados en el narcotráfico con Cuba estaban José Alvero Cruz y Osiris Santi. En noviembre de 1976, Alvero había viajado a España donde disponía de fondos bancarios, y allí obtuvo de la propia embajada cubana en Madrid un pasaporte cubano. En 1978, actuando como agente de Cuba, Alvero arregló el envío de 5,000 armas para las guerrillas sandinistas en Nicaragua. Por su parte, Osiris Santi era un narcotraficante cuyos barcos ya recibían protección en los puertos cubanos. Su lugarteniente, Orlando Torres, se entrevistaba constantemente en México con los funcionarios del régimen cubano destacados en Mérida.
El narcotraficante colombiano, Jaime Guillot-Lara -casado con la hija del ministro de defensa cubano Raúl Castro- será el contacto entre Cuba y el movimiento M-19. El 7 de noviembre de 1981, Guillot-Lara tiene que escapar a toda prisa de Colombia y se refugia en México, donde los agentes cubanos negocian su libertad con las autoridades mexicanas con el fin de evitar que se descubriera su conexión con La Habana. En 1982, Castro hablaba de Guillot-Lara como "un buen amigo".
La conexión cubana sería descubierta y probada más tarde. Los informes de la participación cubana en el tráfico de drogas saldrían por vez primera a la luz pública en 1982, cuando la Oficina Legal de los Estados Unidos en Miami nombró entre los acusados al jefe de la marina de guerra de Cuba, almirante Aldo Santamaría, y al ex embajador cubano en Colombia, Fernando Ravelo, en un caso que incluía 23 toneladas de marihuana.
El 15 de noviembre de 1982, los colombianos Guillot-Lara y Johnny Crump, y los cubanos Lázaro Visuña, Mario Estévez y David L. Pérez, brindaron a un tribunal en Miami amplias pruebas de las actividades de narcotráfico por parte de Cuba desde el año 1975, tráfico que tenía como uno de sus objetivos el envió de armas a la guerrilla colombiana del M-19.
Según la deposición de Johnny Crump, él y Guillot-Lara se dirigieron a La Habana en compañía del embajador Ravelo, donde éste y el embajador de Cuba en Venezuela, Norberto de la Osa, les confirmaron que el barco Viviana, dedicado al narcotráfico, obtendría salvoconducto todas las veces que atravesase las aguas jurisdiccionales cubanas.
Por la protección de este tránsito, Guillot-Lara pagaba 20 mil dólares por cada tonelada de marihuana a bordo. A su vez, el compromiso incluía el transporte de armas a las guerrillas del M-19 en Colombia. Según Guillot-Lara, a su retorno a Colombia inició los trámites para preparar otro barco para enviar a Cuba en 1980.
Conforme al testimonio de Johnny Crump, los funcionarios cubanos Ravelo y René Rodríguez Cruz -presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)-, le sugirieron la posibilidad de comprar y enviar armas para elementos anti-Pinochet en Chile a través de Panamá. Una semana después, un chileno de apellido Galván, le hacía entrega de un microfilm en un cigarrillo que contenía la lista de las armas, alimentos y municiones para 300 hombres.
Por otra parte, Johnny Crump cuenta cómo durante una campaña en la costa norte del Pacifico, las autoridades colombianas cercaron a un grupo guerrillero del M-19 comandados por Carmenea Cardona, muchos de los cuales figuraron en el secuestro de la embajada dominicana en Bogotá y que supuestamente debían haber estado refugiados en Cuba.
Entre los detenidos y testigos de la causa de Miami figuraba también Mario Estévez, un agente de la inteligencia cubano, infiltrado en los Estados Unidos en 1980. En su deposición ante el Gran Jurado, Estévez expresó que había sido infiltrado con el objetivo de activar el tráfico de drogas, comenzando por transacciones de marihuana hasta que fue arrestado el 29 de noviembre de 1981. Estévez testificó ante una comisión del senado de los Estados Unidos que había introducido en la Florida marihuana y gualudes desde Cuba, y de ahí trasladado a Nueva York.
Las declaraciones de Estévez resultaron desconcertantes: la alta cúpula de la dirigencia cubana había organizado una extensa red de narcotráfico desde América Latina hasta los puntos de distribución en ciudades norteamericanas, usando sus propios servicios secretos. Estévez identificó al alto oficial de inteligencia cubana, René Rodríguez Cruz y al vicealmirante Aldo Santamaría como las personas encargadas por Castro para canalizar este tráfico.
Estévez apuntó que desde los inicios de la década de los setenta se producía marihuana en la región cubana de Manzanillo para venderla en los Estados Unidos, operación que Castro venía madurando desde los días de la guerra de Vietnam. Estévez estimó en 200 millones de dólares anuales los ingresos cubanos sólo por concepto de la marihuana.
Durante el período de su actividad ilícita, Estévez logró el traslado de Cuba a Estados Unidos de alrededor de 270 kilogramos de cocaína, posteriormente vendida en Miami, Chicago, Ohio, Nueva Jersey, Nueva York y otras ciudades. El dinero acumulado lo llevaba a Cuba él personalmente. También informó que en un momento de su actividad, sus jefes en el gobierno cubano le recomendaron se trasladase a Bimini, en Las Bahamas, para conocer y entrenar a Frank Bonilla, otro agente proveniente de Cuba.
De regreso a Cuba, recalaron en la pequeña isla de Paredón Grande, donde hallaron el buque Viviana del colombiano Guillot-Lara con un cargamento de 8 millones de qualudes. El yate estaba escoltado por buques de guerra cubanos.
De acuerdo con la narración de Estévez, corroborada luego por otros narcotraficantes, estando en Paredón Grande concurrieron el jefe de la Marina de Cuba, almirante Santamaría, y el alto jefe de la inteligencia René Rodríguez, presidente del ICAP, organismo pantalla de la inteligencia cubana, con quienes sostuvo una extensa conversación sobre el narcotráfico. Explicó que cuando salió de Cuba a bordo del Viviana se acarreaba otro barco, el Lazy Lady, hasta la isla de Andros en Las Bahamas, donde se hizo el traspaso de los qualudes. Después fue ordenado a seguir hasta Cayo Güincho donde recogió 23,000 libras de marihuana procedente de Cuba.
El testimonio de Estévez implicó en el narcotráfico internacional a Santamaría, René Rodríguez, al embajador Ravelo, a Gonzalo Bassols Suárez, diplomático cubano en Colombia; a Teodobaldo Rico Rodríguez y Francisco Echemendía, funcionarios del Ministerio del Interior de Cuba.
Con posterioridad, René Rodríguez moría en La Habana, en circunstancias misteriosas, después del fusilamiento de los militares el general Ochoa, Tony de La Guardia, en 1989, y al deceso en prisión, en 1991, del general José Abrantes Fernández, exministro del Interior.
Coincidentemente, Estévez también fallecería en una prisión norteamericana. Los hilos de la trama que conducían hasta Fidel y Raúl Castro irían desapareciendo con el tiempo.
El ex secretario de Estado, Shultz, refiriéndose a los resultados del Gran Jurado de Miami, indicó que se "demostró la evidencia de la complicidad de Cuba en el tráfico de narcóticos en América Latina”. En marzo de 1983 fue confiscado en la Florida un velero con 750 libras de marihuana a bordo. Durante el registro del bote se halló un diario con la ruta seguida. Había zarpado de la Florida para Las Bahamas, siguió a Haití, luego a Cuba, después a Jamaica, retornó a Las Bahamas y finalmente llegó a la Florida de nuevo.
Poco después, el 20 de mayo de 1983, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan declaraba en Miami que existían fuertes pruebas de que funcionarios de Castro estaban involucrados en el tráfico de drogas desde Cuba. Un mes después, el administrador de la DEA, Francis Mullen ratificaba ante el senado estadounidense que el gobierno de Cuba estaba consciente de los movimientos de drogas a través de su territorio, y que facilitaban tales movimientos.

El Cártel de La Habana (V)


La desmoralización en que se precipitó un grupo de oficiales de la seguridad cubana al verse envueltos en estas operaciones llevó a que Raúl Castro tuviera que sustituir a uno de ellos, al coronel Pedro Rodríguez Peralta, jefe de las tropas de guardafronteras. Según Manuel de Beunza, miembro de la seguridad cubana que desertó en Canadá en 1980, Raúl Castro destituyó y degradó al vicealmirante Generoso Escudero por haberse apropiado de algunas pacas de marihuana y haberlas vendido dentro de Cuba cuando en su función de jefe del puerto de Cienfuegos brindaba apoyo al trasbordo de marihuana.
Asimismo Raúl Castro destituyó a los vicealmirantes José Cuza y Pedro Perera por haberse negado a usar sus unidades de superficie en el tráfico de drogas. Raúl Castro utilizaba una base cerca de Cienfuegos llamada La Caleta desde donde el yate de Castro, El Pájaro Azul, era utilizado para el tráfico ilegal.
La historia de la última década en América Latina registra el nacimiento de una poderosa internacional del tráfico ilegal de drogas que ha logrado imponerse por encima de cualquier ideología o tipo de gobierno. Dos organizaciones insurgentes colombianas desarrollaron conexiones con el tráfico de drogas: las FARC, la organización más antigua y con base rural, y el M-19.
Los frentes guerrilleros de la FARC operaban en aéreas de producción de coca y marihuana donde establecieron acuerdos con los traficantes de quienes recaudan pagos de protección contra las autoridades. Asimismo, la FARC proporcionó un número de aeropuertos clandestinos a los traficantes a cambio de dinero para armas y vituallas.
En el mes de noviembre de 1981 el movimiento guerrillero M-19 secuestró a Marta Ochoa Vásquez hija del connotado narcotraficante Fabio Ochoa, y pidió un cuantioso rescate por su liberación. Los hermanos Ochoa decidieron no pagar el dinero exigido por los guerrilleros del M-19 y, al mismo tiempo, llamaron a una reunión de todos los traficantes colombianos para la organización de una defensa conjunta: así nació el Cartel de Medellín, para defender por las armas sus intereses contra la guerrilla del M-19.
En esa época, Cuba mantenía relaciones diplomáticas con Colombia. Su embajador en ese país, Fernando Ravelo, logró un acuerdo entre el M-19, el Cartel de Medellín y otros grupos guerrilleros con el fin de que las facciones se apoyasen mutuamente.
Para la época en que se inicia el Cartel, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos ya habían recibido informes del papel de Cuba en el narcotráfico. Desde inicios de los 80 se había hecho evidente -por las cartas náuticas, los diarios de navegación, y los aviones que se estrellaban en Colombia- de que Cuba facilitaba el tráfico transcaribeño de narcóticos. Los funcionarios colombianos comentaron por esa época que los aviones transportadores de la droga retornaban con cargamentos militares para la FARC. Para el otoño de 1981, las evidencias eran incuestionables.
Un grupo de guerrilleros arrestados en Colombia implicaba a la embajada cubana como centro de contactos del M-19 para la recepción de armas. Ellos informarían que a cambio de grandes sumas y del traspaso de armas al M-19, Castro ofrecía la protección de sus puertos y aguas territoriales a importantes narcotraficantes que operaban entre América del Sur y el sureste de los Estados Unidos.
El acuerdo incluía el apoyo de Castro a las embarcaciones de transporte de la droga en su ruta de Bahamas a Miami. Por su parte, el Cartel suministraba armas y dinero a las guerrillas a través de Panamá.
Los barcos zarpaban desde el puerto colombiano de La Guajira y llegaban al cayo cubano Paredón Grande, en Sagua La Grande. Aun hoy día lo hacen. Allí, una lancha torpedera de la marina cubana los custodia. Miembros de la inteligencia cubana supervisan la transferencia del cargamento y cuidan de los botes rápidos de los traficantes de Miami escondidos en Cayo Güincho, en Las Bahamas.
Estos barcos rápidos disponen de bandera cubana y son guiados por torpederas de la marina cubana hasta las costas norteamericanas. Asimismo, los aviones despegan desde pistas secretas cerca de La Guajira, en Colombia, hacen escala en Camagüey, Cuba, y se encaminan luego hacia la Florida o Texas.
Tony de La Guardia lo explicaría al Tribunal Militar de Honor durante el juicio en su contra y la del general Ochoa: no era difícil para Cuba lograr entre 2 mil y 3 mil millones de dólares anuales en el narcotráfico. Para lograrlo, Tony de La Guardia tendría que lidiar con los productores de la droga y no con sus distribuidores, es decir, era necesario obviar al Cartel de Medellín.
Según de La Guardia, había que garantizar la producción de laboratorios para lo cual se precisaban apreciables sumas de dinero. Esto en general había sido el objetivo de Castro. Esta estrategia la corroboran otros acontecimientos, como por ejemplo el famoso incidente, en 1981, de la expedición de Jean Michel Cousteau por las junglas del Amazonas.
En ese entonces, los ecologistas franceses hallaron en una pequeña aldea india un complejo secreto de laboratorios de cocaína. A preguntas de Cousteau, los indígenas indicaron ante las cámaras que la cocaína se intercambiaba por armas provenientes de Cuba para grupos guerrilleros.
Al describir las operaciones de narcotráfico en Cuba, Tony de La Guardia expresó que los botes entraban en Varadero donde un oficial coordinaba su arribo con el jefe militar del área. Los buques guardacostas permanecían junto a los botes y varios oficiales ayudaban a descargar el material. Según Tony de La Guardia, estas operaciones se hacían desde 1980.
A partir de 1982, todos los contactos del M-19 y otros grupos guerrilleros colombianos como el FARC y el FLN se realizaron en Panamá. Bajo la jefatura de Jorge Luis Ochoa, el Cartel de Medellín estableció fuertes relaciones con Cuba, los sandinistas y el M-19. Uno de los resultados de estas relaciones sería el apoyo de los jefes colombianos del narcotráfico al pago de la deuda externa de Panamá y Cuba a cambio de asistencia en el tráfico. Lo mismo hicieron en Colombia y Bolivia.
Jesús Raúl Pérez Méndez, capitán de la inteligencia cubana que desertó en Nueva York en julio de 1983, declaró a las autoridades norteamericanas que Raúl Castro, Ministro de Defensa de Cuba, aceptó dinero de los narcotraficantes a cambio del uso de la isla como base de operaciones para introducir drogas en Estados Unidos.
De acuerdo con William Casey, ex director de la CIA, una estrecha simbiosis se fue conformando a lo largo de las costas del Caribe entre los narcotraficantes y la subversiva organización de la FARC de Colombia que contribuyó al incremento del crimen y del desorden en los Estados Unidos.
Por otra parte -continua Casey- se sorprendió al entonces gobierno sandinista de Nicaragua en plena producción y tráfico de narcóticos entre Colombia y Miami, en una búsqueda de dinero para depositar en Panamá. Un estimado conservador de las agencias de inteligencia norteamericana que los ingresos anuales de Cuba, por concepto de mediador en el narcotráfico se elevan a cerca de 2 mil millones de dólares.
El capitán Pérez Méndez, también dijo a las autoridades de Estados Unidos, que mientras se hallaba a cargo de una sección en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, una organización pantalla de espionaje, pudo conocer que existía una red de 300 espías cubanos que trabajaban activamente en la Florida en el negocio del narcotráfico para La Habana. Asimismo expresó que este comercio ilícito se hallaba bajo la supervisión personal de Raúl Castro20.
El 7 de agosto de 1984, el Secretario de Justicia norteamericano, William French Smith, acusó públicamente a Cuba y a Bulgaria de haber empleado activamente el tráfico de drogas para ayudar a los terroristas. Las motivaciones cubanas se ponen al descubierto en las declaraciones de Francis Mullen, director de la DEA en 1984:
"Perjudica a la sociedad estadounidense ayudando a los traficantes y recibe de éstos dinero para financiar actividades terroristas. Informes de inteligencia demuestran que la participación de Cuba en el contrabando de drogas en gran escala no ha cesado a pesar de los cargos formulados contra cuatro funcionarios importantes del gobierno cubano".

El Cártel de La Habana (VI)


A mediados de los 80, el término narcoterrorismo se transformó en algo concreto. Un desempeño especial en este nuevo engendro lo tuvo uno de los jefes máximos del Cartel de Medellín, Pablo Escobar. El temido colombiano llegó a un arreglo con Castro, mediante el cual el Cartel recibía bases para sus operaciones a cambio del suministro de amplios fondos a las guerrillas del M-19 colombiano.
Además, el gobierno cubano suministrará al Cartel de Medellín equipos y material químico como acetona y éter etílico, que adquiere en Hamburgo, Alemania. Estas sustancias son ingredientes básicos para producir el clorhidrato de cocaína.
Bajo la protección de la marina cubana, Escobar estableció sus cuarteles generales en Paredón Grande, en la costa norte de Cuba. El funcionario cubano exiliado Oscar Valdés, hermano de Ramiro Valdés, miembro del buró político del partido comunista, ha declarado que él mismo le sirvió de guía a Escobar cuando éste visitó a Castro en Cuba.
A raíz de la liquidación de Escobar en una operación de rastreo del gobierno colombiano en 1994, se incautó una grabación donde el narcotraficante aludía a una reunión que había coordinado entre comerciantes de la droga y Raúl Castro.
El segundo al mando de las operaciones entre Escobar y Castro era el fugitivo norteamericano Robert Vesco. José Figueres, ex presidente de Costa Rica, había dado refugio en ese país al estafador y narcotraficante Robert Vesco, quien había huido de Estados Unidos en 1973 con 212 millones de dólares. Con posterioridad, Figueres intercedería con Castro para que aceptase la estadía de Vesco en Cuba cuando las autoridades de Las Bahamas lo estaban presionando para que abandonase el país.
Vesco era utilizado desde 1978 por Castro en actividades de narcotráfico, y residía en el puerto de Barlovento cerca de La Habana. En Barlovento tiene Castro fondeado uno de sus yates personales, el Yagüaramas, en el que sale de pesquería frecuentemente con Vesco a las aguas del Caribe. Los contactos de Vesco eran el tenebroso personaje chileno Carlos Alfonso (Max Marambio) y el funcionario cubano José Luis Padrón.
Los sandinistas también se beneficiaron del arreglo entre Cuba y el Cartel de Medellín. En sus viajes a Managua, Escobar utilizaba aviones de la fuerza aérea cubana. Siempre se mostraba generoso con los cubanos a los que hacía regalos frecuentemente, como el millar de pistolas checoslovacas que les envió en la Navidad de 1984.
En el juicio contra el general Ochoa, según la acusación del fiscal, se sostuvo en La Habana una reunión con enviados de Escobar, donde se había hablado de instalar una fábrica de cocaína en Angola, y de montar una operación de falsificación de dinero a través de ese gobierno, el cual tendría que obtener el papel. También reza en la acusación que los colombianos habían decidido abrir una empresa en Panamá que les diese cobertura para el movimiento del barco Jennipher en todo el contexto caribeño.
En el careo durante el juicio Ochoa-La Guardia salió a relucir la solicitud hecha por el zar del cartel colombiano Pablo Escobar al gobierno de Cuba, en cuanto a adquirir alrededor de 10 equipos lanzacohetes tierra-aire, y la posibilidad de que se le mantuviera un avión de reserva en caso de urgencia. De acuerdo con el fiscal, la estrategia aérea también fracasa por el descontento de Escobar, que sospecha que los cubanos le habían estafado en varios cargamentos. Se relató la forma en que Tony de La Guardia había recibido un avión cargado de drogas en la base militar de Santa Clara, y cómo el primer cargamento de cocaína fue desembarcado en la pequeña área militar del aeropuerto de Varadero.
En marzo de 1984, el Ministro de Defensa de Colombia, Gustavo Matamoros, expresó que la "pasta" entraba en Colombia de contrabando desde Bolivia y Perú para ser convertida en cocaína que luego se transportaba por avión a Cuba. Matamoros declaró explícitamente que era de conocimiento público que los aviones salen de Colombia llenos de cocaína y regresan de Cuba cargados de armas para las guerrillas del M-19, y que Cuba recibía en pago por esta operación el 10 por ciento del embarque.
Asimismo, un operativo cubano fue establecido en El Salvador para ayudar en el traspaso de armas. El general checo Sejna recuerda que en una conferencia celebrada en Moscú donde se discutía el grado de ayuda que se brindaría al partido comunista salvadoreño, los soviéticos solicitaron a los cubanos que proveyesen recursos de los fondos que ya se obtenían de las operaciones de narcotráfico en El Salvador.
El ex sandinista Edén Pastora describió la actitud de Castro hacia el tráfico internacional de drogas, a partir de su actual apoyo al mismo, como parte del objetivo de desestabilizar la sociedad norteamericana. Apuntó Pastora que Castro recomendaría a los sandinistas a que siguieran su ejemplo "cuando Tomás Borge y otros miembros del Directorio Nacional estábamos en Cuba en 1982, Fidel Castro realizó algunos comentarios concernientes a las drogas y a su tráfico.
Antes, los cubanos capturaban a los traficantes y los entregaban, ahora, nos dijo Fidel, ellos pueden ir y hacer lo que quieran, mientras nos dejen algún dinero. Vamos a blanquear a esa gente con cocaína; y Castro encomendó a Tomás Borge que hiciera lo mismo".
El testimonio de Pastora también arrojó que en la Isla de Maíz, cerca de la costa nicaragüense, existía un intenso tráfico de drogas con Colombia. Pastora admitió haber presenciado los aviones que allí aterrizaban para hacer el trueque de droga por armamentos, y recordó haber visto a Humberto Ortega en una ocasión enviar saquitos de cocaína y píldoras de LSD a ese aeropuerto.
Según declaraciones del convicto narcotraficante Lehder, tras la disputa de mayo de 1984 entre el Cartel y Noriega sobre el laboratorio de Darién, Cuba instruyó a Manuel Piñeiro de hacer los arreglos necesarios para que él, Escobar y otros miembros del Cartel moviesen sus bases hacia Nicaragua. Y, añadió Lehder: "los cubanos estaban a cargo de la operación de la cocaína en Nicaragua y los nicaragüenses no movían un dedo si no se lo decían (los cubanos)".
En agosto de 1984, el ex diplomático nicaragüense Antonio Farach testimonió ante un subcomité del senado norteamericano sobre los altos niveles del gobierno nicaragüense que estaban envueltos en el narcotráfico a través de la conexión colombiana y boliviana, permitiendo incluso el uso del aeropuerto de Managua y otorgando pasaportes nicaragüenses a los traficantes.
Farach reveló también que las embajadas nicaragüenses tenían instrucciones de proporcionar cobertura y apoyo a organizaciones terroristas, como el M-19, la FARC y la OLP. Según reza en su testimonio, la primera vez que supo de tales sucesos fue en septiembre de 1981 durante una visita de Raúl Castro, cuyos objetivos secretos conoció.
De acuerdo a Farach, los cubanos, ya con experiencia y conexiones en el tráfico de drogas, buscaban garantizarle a sus socios una vía razonable y segura de tránsito por Nicaragua. Farach apuntó que Humberto Ortega fue designado como hombre clave en los operativos de contrabando de drogas hacia los Estados Unidos. La oficina de inmigración y naturalización de Nicaragua, controlada en su totalidad por cubanos, se encargó de suministrar la documentación necesaria.
Entre los traficantes que sostenían relaciones con altas figuras sandinistas estaba James Herring, un norteamericano que servía de asesor en el establecimiento de la producción y el transporte de la cocaína. Herring había sido reclutado y presentado a los cubanos y a los nicaragüenses nada menos que por Vesco, y viajaba entre ambos países acompañado siempre por altos funcionarios de La Habana o de Managua.
Otro protagonista era Ubi Dekker, seudónimo de un traficante europeo de hachís, fugitivo de la INTERPOL, quien enseñó a los sandinistas rutas ilegales entre Nicaragua y Europa. Luego de su arresto, Dekker testificó que el gobierno cubano resolvía la seguridad, facilidades, recursos humanos y todo lo necesario para el tráfico de drogas, y que existía una estrecha vinculación entre Cuba y Nicaragua. Otro destacado personaje en el narcotráfico sandinista era Alvaro Baldizón, miembro de la inteligencia nicaragüense.
En 1981, el narcotraficante Jaime Guillot-Lara sostuvo una reunión en México con guerrilleros del M-19 en la que recibió también una visa nicaragüense que le posibilitó abandonar México. Poco después, a principios de 1982, los sandinistas negociaban la venta de un avión DC-6 al cartel de Medellín. La operación que encausó a Guillot-Lara en 1984 fue dirigida contra la organización de contrabando de drogas Gómez-Zapata, cuyo cuartel general se hallaba en Barranquilla.
A fines de julio de 1983, las autoridades canadienses arrestaron al diplomático nicaragüense Rodolfo Palacios, por posesión de cocaína. La policía comprobó que Palacios era parte de una amplia red de traficantes cuyos contactos llegaban hasta el mismo Ministro del Interior sandinista, Tomás Borge.
Un espía de la DEA infiltrado como piloto en el Cartel, realizó viajes de Colombia a Managua en que transportó 1,500 libras de cocaína. Allí fue recibido por Federico Vaughan, alto oficial del Ministerio del Interior y asistente de Borge, y por Escobar, que disfrutaba de la hospitalidad nicaragüense. El 25 de junio de 1984, el mismo agente realiza otro viaje de Managua a Miami con cocaína, en el curso del cual pudo fotografiar a Vaughan.
La documentación fotográfica determinó que a mediados de julio de 1984, un Gran Jurado Federal en Miami aportase pruebas incontrastables contra once personas, entre ellas el nicaragüense Vaughan, Borge, y los colombianos Escobar y Jorge Luis Ochoa. El piloto traficante, transformado en agente de la DEA, declaró haber recibido del propio Borge dos aviones para los vuelos hacia Estados Unidos. También presentó pruebas de un laboratorio de cocaína en Nicaragua a disposición del Cartel.
Si aún cabía duda del papel nicaragüense en todo este engranaje diabólico, un hecho fortuito vino a confirmarlo. El 19 de abril de 1985, la estación costarricense Radio Impacto anunció que las guerrillas antisandinistas habían destruido la Casa Colorada, antigua mansión de Somoza en el área del Crucero. En la villa habían hallado un enorme laboratorio de cocaína.
Lehder, el colombiano del Cartel que desde Las Bahamas había establecido un tráfico de cocaína, testificaría el 20 de noviembre de 1991, en el juicio de Noriega, que altos ejecutivos del gobierno de Cuba, entre ellos el Ministro de Defensa Raúl Castro, habían ayudado a los esfuerzos del Cartel de Medellín para introducir la cocaína en los Estados Unidos durante la década de los 80. Lehder denunció ante el jurado que él mismo realizó varios viajes a Cuba entre los años 1981-1983, y que en dos ocasiones se entrevistó con Raúl Castro y con el coronel Tony de La Guardia.
La inteligencia cubana obtendría mediante los contactos del traficante Carlos Lehder aviones para el uso personal de Castro, que estarían estacionados en el aeropuerto habanero José Martí. En su testificación ante las autoridades norteamericanas, Lehder explicó que había donado un avión a Raúl Castro, y que había pagado a funcionarios cubanos por el permiso de sobrevolar el espacio aéreo y poder utilizar Cayo Largo como punto de reabastecimiento.
Lehder también testificó que sostuvo entrevistas personales con Vesco en Cuba y en Nicaragua en sus esfuerzos por establecer una ruta a través de ambos países. En mayo de 1984, Lehder tuvo que refugiarse en Nicaragua, junto con otros cuatro miembros del Cartel, tras haber sido implicados en el asesinato del Ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara. Las conexiones en Nicaragua las facilitó Vaughn.
Por último, Lehder declaró que el principal contacto entre el gobierno de Colombia y el Cartel era López Michelsen, jefe del Partido Liberal, cuyas campañas políticas el Cartel había financiado. Fue precisamente el testimonio público de Lehder en 1987 lo que desencadenó los procesos en Cuba mediante los cuales Castro trataría de salvar su responsabilidad del narcotráfico ante las posibles acusaciones de un alto miembro del Cartel. Castro usaría de chivo expiatorio al general Ochoa.
El 25 de octubre de 1985, el Diario Las Américas, en Miami, informó acerca de la existencia en Las Coloradas, al oriente de Cuba, de una planta de procesamiento de drogas adquirido en Alemania Oriental. En esa instalación el gobierno cubano procesaba cocaína, qualudes y otras sustancias tóxicas. Aseveró el diario que la materia prima era transportada casi siempre en aviones cubanos para ser procesada en Cuba.
El diario expresaba que Cuba se había convertido en el "Banco" del tráfico de drogas en América Latina. El "Banco" ha funcionado como una institución financiera y los productores giran contra él en operaciones que pueden implicar armas o dinero. En ciertas embajadas claves se tramitan las órdenes de compras y se cierran las operaciones. El "Banco" entrega la mercancía en la forma que requiera el distribuidor, y cuenta con sucursales en Panamá, en Nicaragua y en Perú.
Uno de sus dirigentes es el uruguayo Alberto Fresne, quien desempeñó un papel determinante en la decisión de su gobierno de restablecer relaciones diplomáticas con La Habana. Junto a ese personaje forman parte de la directiva del "Banco" los altos funcionarios cubanos Emilio Aragonés, Osmany Cienfuegos, Aníbal Velaz y Antonio (Pupo) Padrón.

El Cártel de La Habana (VII)


Si bien era conocida la colaboración cubana en el narcotráfico, y era rastreado por algunas agencias especiales del gobierno norteamericano, ello no era del dominio público. Desde el encauzamiento en Miami del grupo de funcionarios cubanos, un manto de silencio se había tendido sobre la isla de Cuba.
Hasta un día de agosto de 1986 en que el general John R. Galvin, director del comando sur de Estados Unidos, expresaba "según mis convicciones personales, basadas en informaciones que he tenido, Cuba se halla implicada en el narcotráfico, aún cuando Fidel Castro diga que no".
Las autoridades de aeronáutica civil de la Florida informaron entonces que en 1987, alrededor de 300 vuelos ilegales se habían encaminado a La Habana. En abril de 1987 la revista US News & World Report se lanzó a un reportaje con detenimiento donde señaló que el gobierno de Cuba accedió a procesar cocaína en 1984 para el narcotraficante colombiano Lehder.
Otro hecho vino a alertar a los medios publicitarios norteamericanos. En noviembre de 1985 se desmantela una red de contrabando de cocaína en Estados Unidos conectada al M-19 colombiano. En la requisa efectuada en un almacén de la barriada de Pembroke Park, en el Condado de Broward, se encontrará una lista de sesenta y dos páginas con unas 1,000 frecuencias radiales usadas por diversas entidades de Estados Unidos, que incluían los escuadrones caza de la Fuerza Aérea, el Servicio Secreto, los sitios de pruebas de cohetes experimentales del gobierno, el avión del presidente Reagan -Air Force One- y su limusina, así como los canales del Departamento de Justicia reservados para la protección del presidente.
El hallazgo era muy inquietante: el hecho de que grabaciones tan delicadas pudieran estar en manos de delincuentes sólo podía explicarse involucrando a Cuba, único país en este hemisferio capaz de propiciar tales informaciones a la guerrilla del M-19 y a los narcotraficantes.
Durante el juicio Ochoa-de La Guardia salieron a relucir operaciones de narcotráfico donde incuestionablemente estaba implicada la alta dirigencia del gobierno cubano por las áreas donde se realizaron. El aeropuerto militar de Varadero; la zona de Villa Tortuga, también en Varadero, reservada para una mansión ultracontrolada de Castro, y la marina Barlovento, reservada al turismo extranjero, que es objeto de una vigilancia especial por la Seguridad del Estado.
Entre tales operaciones figuraron las siguientes: en abril de 1987, 400 kilos de coca fueron descargadas de un avión por Varadero, almacenadas en una mansión de Villa Tortuga y luego reembarcadas a una embarcación. A fines de 1987, un avión aterrizó en Varadero con 500 kilos de coca, y realizó la transferencia de la carga en tres embarcaciones que se dirigieron a Estados Unidos.
En febrero de 1989 fueron lanzadas por un avión 500 kilos de coca a 14 millas del faro Cruz del Padre; el avión aterrizó en Varadero para reabastecerse de combustible mientras dos embarcaciones rápidas atendían la operación de recogida y trasbordo en Punta Hicacos. En marzo de 1989 unos 400 kilos de coca fueron lanzadas por un avión a veinte millas de la bahía de Cádiz. En abril de 1989 arribó una embarcación con un cargamento de coca en las aguas territoriales del norte de Cuba; luego de recibir reparación en la marina de Barlovento, se dirigió a Varadero donde realizó el trasbordo de la carga en un pequeño islote.
En enero de 1988, Blandón, ayudante del general Noriega pide asilo en Estados Unidos, y presenta pruebas documentales de la concurrencia directa de Castro en el tráfico de drogas. El 16 de ese mismo mes, un jurado federal en Miami abrió una causa contra 17 traficantes; en el mismo Cuba aparecía como punto de tráfico intermedio del contrabando de cocaína desde Colombia.
En 1988 la banda había sido infiltrada por agentes secretos norteamericanos que se hicieron pasar por compradores y lograron grabar en audio y video sus entrevistas. El traficante Reinaldo Ruiz y su hijo Rubén aparecen en el video expresándole a un agente encubierto de la DEA cómo Cuba garantiza el tránsito de los cargamentos de cocaína a través de la Isla. Ruiz habla, además, de lo que había que pagarle a Castro.
El expediente relata con detalles dos ocasiones en las cuales Rubén Ruiz había volado desde Colombia hasta el aeropuerto militar de Varadero con 500 kilos cada vez. En la primera ocasión de la visita de Ruiz a Cuba, en abril de 1987, la droga había sido descargada por personal militar y luego transportada a un muelle y cargada en un barco de nombre Florida que fue escoltado por guardacostas cubanos hasta que salió de las aguas territoriales de Cuba.
El 9 de mayo, Ruiz hizo otro vuelo similar durante el cual su avioneta cargada de cocaína fue escoltada por un Mig cubano hasta que aterrizó en el aeropuerto de Varadero. En una de las conversaciones grabadas se dice textualmente que el dinero de este último cargamento había ido a parar a las manos de Castro.
En las grabaciones se descubrió cómo el servicio de guardafronteras de Cuba vigilaba los estrechos entre la isla y la Florida, para asegurarse que los traficantes pudiesen evadir las lanchas patrulleras de Estados Unidos. Se documentó también cómo la Fuerza Aérea y los guardacostas cubanos brindaban protección a los traficantes que realizaban la transferencia de la droga en puntos de la isla para su remisión a los Estados Unidos.
Se hacían cuatro operaciones quincenales. El tráfico involucra un creciente número de pequeños aviones que surcan el espacio aéreo cubano rumbo al sur de la Florida escoltados por las fuerzas aéreas cubanas. De regreso toman tierra en Varadero para abastecerse de combustible. Algunos aviones aterrizan directamente en las bases militares cubanas.
Otras avionetas lanzan la droga en bolsas fosforescentes impermeables que son recogidos por lanchas rápidas que luego se dirigen hacia los Estados Unidos. La droga viene encubierta en cajas de cigarrillos Marlboro, o cajas de computadoras Epson. Luego se reenvasa en Cuba en cajas de tabaco por la facilidad de ese comercio ilegal. El intercambio se realiza cerca de la bahía de Cienfuegos y del puerto de El Mariel. Asimismo se han utilizado los fondeaderos de las tropas especiales del Ministerio del Interior en Jaimanitas y también en Barlovento.
Los lancheros se mueven libremente en las provincias occidentales de Cuba. En el juicio Ochoa-de La Guardia salió a relucir que muchos de ellos eran autorizados para ir a visitar a sus familiares en la isla, y que en algunos casos se les permitió transportar a familias que introdujeron ilegalmente en Estados Unidos.
En 1988, el papel de Cuba en el comercio de narcóticos quedó nuevamente expuesto con las declaraciones de dos altos oficiales de los servicios secretos cubanos: Juan A. Rodríguez Menier quien había roto con La Habana mientras prestaba servicios diplomáticos en Hungría, y el mayor de la contrainteligencia Florentino Azpillaga que había desertado en Austria.
Menier detalló como el gobierno de Cuba participaba en el narcotráfico a través de las Tropas Especiales. A su vez apuntó que en una ocasión el Jefe de la Inteligencia, general Germán Barreiro, le dijo que las drogas resultaban "una de las mejores maneras para destruir a los Estados Unidos".
En agosto de 1989, Menier hizo declaraciones nuevamente donde acusó a Castro de estar personalmente al tanto del negocio de la droga. Apuntó además que la corporación CIMEX resultaba el instrumento por el cual Castro recibía el 80 porciento de los beneficios en moneda convertible.
A principios de los 80, el centro turístico de Cayo Largo al sur de Cuba fue acondicionado para estas operaciones bajo la dirección del coronel Armando Urra, quien fungiría como contacto principal con los narcotraficantes. Bajo la dirección de José Abrantes, entonces Ministro del Interior, Urra había suministrado protección a los narcotraficantes desde 1978.
Comenta Azpillaga que en Cayo Largo se estableció también el centro operacional del fugitivo norteamericano Robert Vesco, desde donde se realizaron las negociaciones con los narcotraficantes. El mayor Azpillaga expuso cómo las actividades de droga eran fiscalizadas personalmente por Castro y ejecutadas por Abrantes, por el coronel Urra y por el general Pascual Martínez Gil.
Azpillaga expresó que Abrantes y su viceministro Martínez Gil lo asignaron en la contrainteligencia para operar un transmisor en La Habana a través de una banda radial de onda corta y usando claves convencionales, para mantener comunicación directa con grupos de traficantes en Colombia y así evitar que Estados Unidos captara las señales radiales entre los cubanos y los narcotraficantes.
En abril de 1989, durante la causa en su contra en las cortes federales de Jacksonville, Florida, Lehder mencionará con persistencia la relación comercial de Castro con varios narcotraficantes conocidos, como Vesco. La confesión de Lehder dejaban en evidencia el uso del territorio cubano: ya no podían existir más dudas de la actividad de un nutrido grupo de altos funcionarios cubanos en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ni tampoco del conocimiento tácito de Fidel y Raúl Castro sobre estas actividades.
Existían ya presiones exteriores por parte de Estados Unidos, por algunos países de la América Latina, y también de la Unión Soviética para que Fidel Castro pusiera fin a su participación en el narcotráfico con el Cartel de Medellín.
Todo parece indicar que Washington solicitó al entonces presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov que intercediese con Castro. Gorbachov llevó a la agenda de su viaje a La Habana, en febrero de 1989, el espinoso punto del trafico de drogas en el Caribe.
Antes de la visita del mandatario soviético, su portavoz oficial, Guennadi Guerasimov, declaró en conferencia de prensa que tanto Gorbachov como Castro tratarían en las conversaciones, además de los temas normales de las relaciones cubano-soviéticas y la crisis latinoamericana de la deuda exterior, el tema del tráfico de drogas.
El 12 de mayo, Estados Unidos anunció que boicotearía la celebración del VIII Congreso de la ONU sobre prevención de crímenes, trafico de drogas y lavado de dinero a realizarse en Cuba. A principios de junio, el gobierno de Londres había entregado a funcionarios norteamericanos copias de documentos financieros del Banco de Crédito y Comercio Internacional que no sólo mostraban transacciones relacionadas con el narcotráfico, sino también involucraban al panameño Noriega.
Para 1989, además, culminaba una operación limpieza de las autoridades colombianas contra los narcotraficantes como respuesta al asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán. En una barrida en la ciudad de Medellín fueron arrestados 27 cubanos que portaban falsos pasaportes costarricenses.
Por otra parte, gracias al trabajo realizado por un doble agente infiltrado por Estados Unidos, existían grabaciones y fotos de satélite donde se mostraba el uso de los guardacostas y de la aviación de guerra cubana en operaciones de transferencia de droga; así como documentos bancarios que probaban la extensa participación del gobierno de Castro con el tráfico de estupefacientes.
A través de medios diplomáticos, Castro sabrá de la existencia de pruebas en poder de los Estados Unidos que lo implicaban en el narcotráfico. Y, como si esto fuese poco, su cerrada defensa del panameño Noriega le estaba haciendo perder prestigio en los grupos de poder de la América Latina.

El Cártel de La Habana (VIII y final)


El Comisionado de Aduanas de los Estados Unidos, William Von Raab, aseveró que Raúl Castro estaba involucrado en el trafico de drogas y de armas. Von Raab alegó que el Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba trataba de subvertir al gobierno colombiano ofreciéndole apoyo a las guerrillas del Movimiento 19 de Abril en dicho contrabando.
Leyendo de un documento marcado secreto y confidencial Von Raab informó a los senadores sobre la Operación Galgo, una investigación del Servicio de Aduana que, según dijo, puede haber sido el catalizador del arresto del general Ochoa. Valiéndose de cubanos exilados involucrados en el trafico de drogas, el Servicio de Aduanas había recopilado datos de que las tropas de seguridad interna de Cuba protegían a los contrabandistas.
La Operación Galgo fue dirigida por el agente especial de aduanas Dave Urso y tuvo como objetivo tender una celada a altas figuras del régimen cubano, especialmente al Ministro del Interior Abrantes. La operación utilizaría conexiones de traficantes, previamente trabajadas, introduciéndolas en territorio marítimo cubano. Así, el fin era realizar las negociaciones y atraer al ministro Abrantes u otros altos jefes al punto de transferencia de la mercancía en alta mar y allí apresarles en plena operación.
Para tal objeto se había concebido la utilización de un submarino, un equipo especial de los famosos comandos marinos SEAL, la cobertura aérea de cazas F-16, y un destructor Spruance, por si había que contrarrestar la aviación y marina cubana. El agente aduanero Urso se había destacado en el desmantelamiento de una red colombiana en Cayo Largo y contaba con el apoyo del Jefe de Aduanas de Isla Morada, Luis Rivera.
Los servicios cubanos estaban aprovechando una brecha en los sistemas de radares de los Estados Unidos, una especie de vacío en un perímetro de 5,000 millas cuadradas de océano entre el norte de Cuba y Cayo Sal hasta Isla Morada, en una plataforma coralina de aguas poco profundas. En ese dédalo de islotes se estacionaban con botes rápidos los contrabandistas de drogas. Allí esperaban que avionetas atestadas de estupefacientes lanzaran su carga en tierra firme, bajo el ojo protector de los funcionarios cubanos.
Los buques del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos no podían dar alcance a los rápidos botes de los traficantes; la fuerza aérea, con sus helicópteros Blackhawk y cazas Citation, se mantenía a una distancia prudencial de la superior flotilla de Migs cubanos. Pero, la aviación y la marina cubanas resultaban un valladar insuperable para la guardia costera norteamericana, propiciando las operaciones de los contrabandistas a los que incluso escoltaban mar adentro.
La intención de la Operación Galgo era recorrer por primera vez hasta el final la red de narcotráfico que engrampaba a Colombia, a Cuba y a la Florida. Thomas Mulvhill, fiscal federal que rastreaba la pista cubana, propició un encuentro entre representantes del FBI y de la agencia antidroga, la DEA, con el agente Urso. Se necesitaba un narcotraficante que cooperase e introdujese a Urso en la red.
Se determinó, entonces, utilizar al cubano Gustavo Fernández, conocido en el narcomundo como "Papito". En la década del sesenta Papito Fernández había sido entrenado por la CIA, como miembro de las famosas Aguilas Doradas y había realizado varias infiltraciones dentro de Cuba, incluyendo actos de sabotaje. En los momentos que se planificaba esta operación, papito Fernández estaba en una cárcel norteamericana cumpliendo una larga condena.
Papito accedió a colaborar en la operación, conjuntamente con su hijo Pablo Fernández, llegado por El Mariel en 1980, y quien se hallaba conectado con la red del narcotráfico cubano. Tanto Papito como su hijo consideraron que era muy probable que pudiesen apresar al general Abrantes. Urso recabó el apoyo de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), para la cobertura aérea.
Urso posaría como contrabandista canadiense. Rivera, el jefe de aduanas de Isla Morada, fue encargado de monitorear la operación. Participarían en la misma Papito Fernández, su hijo Pablo; Kevin Power como segundo al mando; y Eddie Agrait, quien protegería a Papito en sus negociaciones con los narcotraficantes. Se determinó utilizar el yate Hatteras.
Pese a que el plan contaba con el apoyo del Comisionado Federal de Aduanas, Von Raab, los jefes de Urso en Miami tenían sus dudas sobre el éxito de la operación. Por otro lado, los engranajes burocráticos dejaron a la operación casi sin fondos, y Papito tendría que buscar fondos a través de sus propios contactos. Papito Fernández comenzó a realizar las averiguaciones convenientes para desarrollar el trabajo.
La carnada para atraer al general Abrantes consistía en una lista de artículos de alta tecnología: información de vuelos sobre Cuba de los satélites con capacidad infrarroja que podía penetrar el follaje de la selva. O sea, el canje sería de secretos por cocaína. Pablo, el hijo de Papito Fernández, que en Cuba había sido reclutado directamente por el general Abrantes en una fiesta para trabajar en la red de narcotráfico, accedió llevar la lista al general. La respuesta fue positiva: el ministro se había interesado por las informaciones y accedía al intercambio.
Para evitar cualquier sospecha, se concibió una operación previa de drogas con los militares cubanos; la red de Pablo trajo de Cuba una tonelada de cocaína que fue desembarcada en los bancos de Cayo Sal. La transacción con el general Abrantes fue concebida para darse en aguas internacionales. Se tensaron todos los medios aéreos y navales para su éxito.
El 12 de junio se citó una reunión en Isla Morada con Urso y Power para revisar los planes. Papito Fernández se quedó custodiado con un solo hombre. Mientras almorzaba cerca del refugio bajo vigilancia, dos hombres se acercaron a su mesa y ante los ojos de su custodio, sería desaparecido con rapidez. Tras algunas horas de espera, se desencadenó la búsqueda. Papito Fernández no tenía razones para huir, ya que se le había prometido por su participación la libertad.
La coincidencia de los sucesos en torno a la Operación Galgo, la misteriosa desaparición de Papito Fernández, con los acontecimientos de Cuba y el arresto del general Abrantes resulta en extremo evidente.
El general Ochoa, artífice de las operaciones de guerra más brillantes del régimen en los escenarios bélicos africanos, se había mostrado en extremo crítico durante los últimos tiempos con respecto a la guerra en Angola. Ya a esas alturas, las contradicciones del general Ochoa con la plana mayor militar de Raúl Castro se harán visibles.
Se hizo patente que Castro no dejaría impune la insubordinación del general Ochoa. La inconcebible ausencia del general Ochoa en las negociaciones militares que llevaron a los acuerdos de paz en el Cono Sur africano, sólo se explica asumiendo que desde entonces Fidel y Raúl Castro habían decidido su suerte.
La casa del general Ochoa, en Cuba, se transformaría en un centro de reunión de veteranos de las guerras africanas, descontentos e inquietos con su situación personal y con el deterioro económico y social del país. Castro percibió que dentro de la élite de dirección aumentaba el estado de opinión favorable a las reformas que se estaban produciendo en otros países del bloque soviético y decidió neutralizar todo lo que pudiera posibilitar el surgimiento de cualquier movimiento en favor de cambios políticos o hacia un forcejeo por el poder.
Es entonces que Castro golpea el círculo de hierro que hasta ahora constituía su base de sustentación: el MININT. El tema de la droga le permite a Castro una jugada política y propagandística múltiple: de un plumazo destruía moralmente a sus críticos, se desligaba ante el mundo de toda responsabilidad con el narcotráfico, y encubría un operativo contra el creciente descontento de sus oficiales en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio del Interior que le permitirá recuperar la iniciativa política.
Castro decidió inculpar al general Ochoa del narcotráfico cubano, presionado por las acusaciones que se hacían sobre las vinculaciones de Cuba en el narcotráfico y del caso de Reinaldo Ruiz que se ventilaba en Miami, en el que se habían detallado nombres, rangos y circunstancias de la participación cubana en el mismo.
Al referirse al tema, Castro tuvo que admitir el conocimiento por parte de las autoridades norteamericanas, de la actividad de narcotráfico de su gobierno "es evidente que los órganos de inteligencia de Estados Unidos conocían que desde el primer semestre de 1987, aunque bastante espaciadamente, aviones con drogas procedentes de Colombia estaban realizando aterrizajes en el aeropuerto de Varadero con la complicidad de oficiales cubanos".
El 15 de julio de 1989, diplomáticos occidentales destacados en La Habana informaron que la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba había realizado por lo menos ocho contactos con este gobierno, entre 1988 y 1989, en que se discutió la participación oficial castrista en la confabulación. Mucho antes de iniciarse las investigaciones sobre el supuesto papel del general Ochoa en el narcotráfico ya existían informaciones que Castro no podía desconocer.
"Varios rumores que llegaban por boca de amigos de Cuba señalaban afirmaciones de narcotraficantes que aseguraban contar con la cooperación de funcionarios cubanos. Se hablaba incluso de algunas quejas por pérdidas de mercancías. Esto se unía a crecientes imputaciones desde Estados Unidos sobre operaciones de narcotráfico a través de Varadero y de las aguas jurisdiccionales cercanas a ese punto, que llegaban a mencionar lanzamiento por aire de paquetes que contenían droga".
Al parecer, junto a las operaciones de narcóticos autorizadas por Castro a Tony de La Guardia, otros funcionarios del régimen estaban realizando diferentes operaciones de contrabando de dinero, de narcotráfico y de extorsión. Los fondos derivados de estas operaciones eran guardados en el exterior, hecho que Castro desconocía y que implicaba a sus ojos una evidente oposición.
Castro pudo haberse enterado de estas operaciones a través de sus relaciones al más alto nivel con el Cartel de Medellín, o con Solís Palma, el entonces presidente de Panamá quien realizó una visita sorpresiva a Cuba dos días antes de los primeros arrestos.
No cabe duda que todo el proceso de narcotráfico montado en contra del general Ochoa y los mellizos Tony y Patricio de La Guardia no fue más que un manto protector ideado por Castro para desvincular a la alta cúpula del régimen cubano de la culpabilidad corroborable en las causas del narcotráfico.
El Departamento MC (Moneda Convertible) no era el único envuelto en el tráfico de narcóticos. Es más, ni siquiera había sido el instrumento fundamental de este negocio ilícito. El hombre clave de Cuba con el Cartel de Medellín y con Panamá no era Tony de La Guardia, habían muchos más implicados.
Tony de La Guardia será el hombre de las misiones imposibles en el Medio Oriente, en África, y América Latina; durante la crisis de los cohetes, en 1962, se hallaba en Nueva York con la misión de dinamitar el puente de Brooklyn en caso de estallar la guerra; estuvo al lado de Allende hasta el último minuto; luego se integraría con los palestinos en plena guerra del sur del Líbano, y posteriormente organizará el frente sur sandinista.
Finalmente el propio Castro lo ubicó al frente de un Departamento de inteligencia, el MC con el fin de burlar el embargo norteamericano y obtener, de diferentes sectores industriales y farmacéuticos, la tecnología y los productos norteamericanos. Esta actividad implicaba la conexión de Tony de la Guardia con los bajos fondos panameños, colombianos y de todo el continente, bajo una "licencia de corsario" otorgada por el propio Castro.
Cuando la colaboración cubano-soviética entra en crisis con Gorbachov y Boris Yeltsin, el departamento MC de Tony de La Guardia devino imprescindible, montándose diversas empresas comerciales registradas bajo nacionalidad panameña u otras, para operar en la zona franca de Colón y servir de cobertura a otras actividades ilegales. Una de tales empresas sería Merbar, que compraba lotes de mercancías y material electrónico, incluso de los mercados negros, y los revendía en los países africanos.
Según el propio Tony de La Guardia, en abril de 1989 él ya había ordenado personalmente la suspensión de las operaciones de narcotráfico, no porque en Cuba se hubiera iniciado una investigación, sino porque el problema del narcotráfico ahora estaba en público. No obstante, Tony de La Guardia declaró su conocimiento de otros bombardeos de cocaína en 1988 en la provincia central de Las Villas, en los que insistió que nunca se vio envuelto su departamento MC.
Quedó evidente en el juicio cuán extensas y abarcadoras eran las operaciones ilegales que realizaba la inteligencia cubana. Asimismo, se hizo patente que el departamento MC dirigido por Tony de La Guardia se autofinanciaba con pequeñas operaciones de narcotráfico, evidencia que fue utilizada para montar el juicio. El monto de las operaciones de drogas -la prueba central- del Departamento MC era de pequeña magnitud y no podía representar el nivel exacto del compromiso cubano con el narcotráfico.
En su testimonio ante el juicio, el general Ochoa haría referencia constante a un "amigo extranjero" que había propuesto a Cuba la venta y transporte de narcóticos. En comentarios íntimos después del juicio, Castro expresó que era interés de Cuba el mantener la identidad del extranjero en secreto. La verdadera razón era que el extranjero se mantenía activo realizando operaciones conjuntamente con La Habana.
Pero Jorge Masetti, operativo del Departamento América que en 1991 desertó en Europa, ha revelado que el susodicho extranjero era el venezolano Luben Petkoff, quien en la década del sesenta había encabezado un movimiento guerrillero dentro de su país, el ELN, con el apoyo de La Habana. En ocasión de la conferencia de Castro con los presidentes de México, Colombia y Venezuela en Cozumel, el 27 de octubre de 1991, Petkoff se entrevistó con la delegación cubana.
Dos años después de los hechos, Maida González, viuda del general Ochoa, rompió el silencio sobre el caso de su esposo concediendo una entrevista al diario español El Mundo. En ella expresó que su esposo había sido inocente de casi todos los cargos que se le imputaron. "Dicho tráfico siempre estuvo en conocimiento de Fidel y Raúl Castro, quienes lo alentaron.... el único delito de mi esposo fue decirle a Fidel y a su hermano Raúl que la guerra de Angola era una locura".
Sin embargo, no quedó establecida la conexión de Ochoa con el narcotráfico, al no poderse citar un sólo éxito o participación en las supuestas operaciones. El fiscal no lograría armar un "corpus" coherente de evidencia con las respuestas de los acusados sobre el cuándo y el cómo habían comenzaron las operaciones de narcotráfico. En las confesiones resultó evidente que los acusados habían sido asignados, por niveles superiores dentro de la jerarquía, a operar en el área del narcotráfico.
La participación de Castro en el tráfico de drogas ha sido más voluminosa de lo que se pensaba. Se estima que Castro obtuvo anualmente por dichos conceptos entre 200 y 250 millones de dólares. Castro hizo depender el tráfico del Cartel de Medellín y del lavado de dinero vía Noriega a su control.
El mayor del ejército cubano y veterano de las guerras africanas Luis Galeana desertaba en España en octubre de 1991, realizando declaraciones que estremecerían a la cúpula castrista. Galeana había actuado dentro de la sección naval del Ministerio del Interior como agente reclutado por la DEA norteamericana.
El doble agente Galeana disponía de evidencias de que Castro continuaba inmerso en el trafico de drogas hacia los Estados Unidos. En su poder obraban pruebas sobre recientes envíos de cocaína refinada realizados en los dos años posteriores al juicio contra el general Ochoa, narcóticos que Cuba fue introduciendo en los Estados Unidos a través de Texas y Luisiana, utilizando a México como trampolín. Según Galeana, Castro ha ampliado su papel como punto de trasbordo de los narcotraficantes.
Con Gorbachov, los servicios cubanos de inteligencia comenzaron a retraerse de su tutelaje soviético, disminuyendo el intercambio de información, al punto que ello provocó la visita del entonces jefe de la KGB, Viktor Chebrikov, para restaurar la alianza en esta área sensitiva y poder mantener en servicio la estación de espionaje en Lourdes. Con la caída de la alianza de inteligencia del bloque soviético, la DGI cubana fue privada de acceso al sistema integrado de datos de inteligencia y a las computadoras de Alemania Oriental.
A partir de estos acontecimientos, el otrora apoyo internacional a su revolución se va desmoronado en una dinámica sin retroceso. La ejecución del general Arnaldo Ochoa, vencedor de sus guerras, conmocionó a toda su élite y cerró toda opción de reforma interna y de acomodo internacional.
Pese a que la era del imperialismo soviético y el colosal edificio del comunismo euroasiático fue condenado por la marcha de la historia, Castro, con una economía en quiebra, no deja de estar siempre presto a desencadenar una terrible explosión de violencia, como principal sujeto de su política exterior.
La Habana sigue siendo una urbe tórrida, inundada de siniestros blocaos de hormigón y sometida a extensos niveles de crueldad por una casta convencida de su superioridad, cuyos despachos están adornados con cabezas de tigres con ojos de vidrio, trofeos de guerras en las junglas tercermundistas.
Nadie en la historia de Cuba o de Hispanoamérica ha desatado una vorágine de violencia ni ha sembrado el pánico como Castro ha hecho con su revolución. Su sueño imperial de convertirse en un Bolívar continental estrena una etapa de subversión y de terrorismo que ha llegado hasta nuestros días. Mientras exista Castro como gigantesco brasero de la Gran Antilla, la democracia no se cimentará en América Latina y las posibilidades de conflictos se mantendrán latentes.

Cuando un Gran Jurado Federal en Miami estuvo dispuesto a procesar a Raúl Castro por su participación en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos dicen que el Presidente Bill Clinton y la Fiscal General Janet Reno lo impidieron. Como en el caso del asesinato del Presidente John F. Kennedy a manos de un agente de Fidel Castro no ha habido ni inteligencia ni lo que hace falta que tengan los hombres para enjuiciar a Fidel y a Raúl Castro. Sean Demócratas o Republicanos la estupidez es Reina.

En el último capítulo, Friedl describe la conducta de las autoridades americanas ante estos hechos, bajo el título, El extraño silencio de Washington, un escandaloso y sistemático encubrimiento. Para mí, este silencio cómplice es una posición para evadir el tener que actuar. Pero ya está bueno. Como dijera en mi columna anterior, Fidel los tomará en serio cuando dejen de encubrirlo. Entonces contarán con nuestro apoyo.

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