Embriocidios pagados con impuestos: se estrellan con falta de presupuesto

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Parón de abortos hasta que pague Castilla-La Mancha


Las clínicas se plantan ante el Ejecutivo, que les debe un año de intervenciones




ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 16/09/2011


Las siete clínicas que practican interrupciones voluntarias
del embarazo (IVE) NO MEDIANTE PARTO, SINO MEDIANTE ABORTO, por medio de convenio con el servicio de salud de
Castilla-La Mancha (Sescam) dejarán de aceptar a partir de hoy mismo a
las mujeres que lleguen derivadas del sistema público
castellanomanchego. Los centros denuncian "reiterados incumplimientos en
los pagos" de las intervenciones CRIMINALES realizadas desde la entrada en vigor
de la ley del aborto, en julio de 2010, que garantiza a las mujeres FILICIDAS la
cobertura de esta prestación con cargo a la sanidad pública.

La deuda asciende a más de un millón de euros, aseguran los centros


"Son un proveedor más de los que no están cobrando", asegura el Sescam

Las clínicas Dator, El Bosque, Cire, Ginemur, Deia Médica, Iris y el
Instituto Ginecológico Murcia hicieron público ayer un comunicado para
anunciar la ruptura del convenio con el servicio de salud de Castilla-La
Mancha. En él aseguran que dejarán de intervenir (ASESINAR EMBRIONES) gratuitamente a las
mujeres (CRIMINALES) que lleguen con las órdenes de pago del Sescam. La deuda que
tiene Castilla-La Mancha con estos centros supera ligeramente el millón
de euros, aseguró ayer Luisa Torres, portavoz de las clínicas. Esta
comunidad ha estado derivando a los centros de IVE a unas 300 mujeres al
mes, según sus datos.
Solo una de estas siete clínicas, Cire,
está situada en la región, en Ciudad Real. El resto son de Madrid,
Murcia, Valencia y Albacete. Cuando se aprobó la Ley de Salud Sexual (Y ANTISALUD EMBRIONARIA),
Derechos Reproductivos (EXTREMISTAS) y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (MEDIANTE EMBRIOCIDIO), que
permite abortar libremente y de forma gratuita a las mujeres con
gestaciones de hasta 14 semanas, Castilla-La Mancha sacó a concurso la
prestación. El convenio se formalizó en marzo de este año, pero el
servicio se venía prestando desde junio de 2010, asegura Torres. Ganaron
estas siete clínicas, que atienden a las mujeres (CRIMINALES) de manera gratuita
cuando llegan derivadas del sistema público y luego pasan la factura al
Sescam.
"Castilla-La Mancha no ha pagado nunca; el incumplimiento
es de más de un año y la situación de las clínicas se ha vuelto
insostenible. No llegamos a esta situación sin haber intentado todo
antes", asegura la portavoz. El gerente del Sescam, Luis Carretero,
mostró ayer su "sorpresa" por el plante y aseguró que la primera
petición de reunión que le consta es de agosto pasado. Sin embargo, las
clínicas afirman que llevan meses tratando de llegar a una solución. Una
carta enviada el 18 de julio alerta de la falta de pago y pide una
entrevista, y otra del 9 de agosto avisa de que a partir del 15 de
septiembre dejarán de realizar abortos gratuitos a mujeres derivadas del
sistema público.
El Sescam acumula una deuda de 1.100 millones de
euros con sus proveedores, señaló ayer Carretero. "Tenemos dificultades
para pagar a estas clínicas como las tenemos con el resto de
proveedores", aseguró. "Nuestra prioridad es ser equitativos con todos
ellos". De momento, lo que van a encontrarse las mujeres
castellanomachegas que acudan a las clínicas concertadas para someterse a
una IVE es que les van a denegar la prestación de una intervención (CRIMINAL) que,
por ley, debe ser gratuita. Torres precisó que, en caso de situaciones
sociosanitarias o económicas complicadas, harán una excepción por
"compromiso con las mujeres". Carretero aseguró que su intención es
ponerse de nuevo en contacto hoy con las clínicas para tratar de
desbloquear la situación. "Claro que nos preocupa. Primero tenemos que
comprobar si la postura es unánime y después ver cuánto tiempo va a
durar", explicó. "Si vemos riesgo de que se prolongue, buscaremos vías
alternativas", añadió, sin precisarlas.
El pulso de las clínicas
de abortos llega después del que mantuvieron las farmacias con la Junta
de Castilla-La Mancha por el mismo motivo, la falta de pago. Esta
comunidad tiene un déficit de 2.252 millones de euros, según un informe
reciente de la Sindicatura de Cuentas. El Gobierno castellanomanchego
también debe julio y agosto a los 40.000 beneficiarios de la Ley de
Dependencia.