Historia del narcotráfico gallego

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/01/05/0003_8207231.htm

En los primeros días de diciembre de 1984, Marcial
Dorado Baúlde, quien con solo 34 años ya era el líder de una
organización delictiva a la que se le habían acreditado importaciones
ilegales de tabaco por importe superior a los cinco millones de dólares,
ingresaba en la prisión de Carabanchel. Esta fecha se ha convertido en
la referencia para rastrear el origen del salto al narcotráfico de los
contrabandistas gallegos, del que ahora se cumplen 25 años.

Días antes se había presentado voluntariamente en
la Audiencia Nacional, ante el juez Barcala Trillo-Figueroa, quien ese
mismo mes se había hecho cargo del macrosumario 11/84 y había procesado a
cerca de un centenar de gallegos acusados del delito de contrabando, y
unos cuantos -los jefes-, también de delitos monetarios, por la evasión
de divisas para pagar a los proveedores.

Marcial fue el primero que optó por abandonar el
voluntario exilio dorado de Valença do Miño en el que se habían
instalado los dirigentes de las tres organizaciones contrabandistas de
la ría de Arousa -ROS, Marcial y Sito Carnicero-, desarticuladas un año
antes tras la macrorredada policial derivada de la investigación
ordenada por José Luis Seoane Spiegelberg, que por aquellas fechas
acababa de aterrizar en el juzgado de instrucción de Cambados y que en
la actualidad preside una de las secciones de la Audiencia Provincial de
A Coruña.

El resto de los exiliados no tardaron en
seguir su ejemplo. La mayoría pasaron unos meses en Carabanchel, a la
espera de que el juez se ablandase y, gracias a los buenos oficios de
Pablo Vioque, el abogado de la gran mayoría, dejase las fianzas
multimillonarias fijadas inicialmente en unas cuantías razonables, porque, a fin de cuentas, todos eran insolvente s. En
Carabanchel casi nadie pierde el tiempo. En los patios de la prisión
coincidieron con algunos capos colombianos que por aquellas fechas
trataban de abrir nuevos mercados en Europa. El idioma común, la
acreditada experiencia de los gallegos en el transporte marítimo de
mercancías de alto riesgo y, sobre todo, la disponibilidad de unas
infraestructuras que habían quedado intactas después de la redada de
diciembre del 83, en la que el principal objetivo habían sido los libros
de contabilidad, permite concluir que esos primeros contactos fueron el
inicio de una relación que fue a más con los años y que aún perdura. A
partir del año 1985 ya todo fue diferente. El contrabando de tabaco
quedó en manos de unos pocos que, por cuestión de principios, de
pragmatismo u otras razones, no quisieron saber nada de la droga. De
los que ya estaban metidos, la mayoría se olvidaron del tabaco. Solo
existe constancia de un caso -Sito Miñanco- que siguió utilizando hasta
el último momento la cobertura social del tabaco, aunque ya estaba
metido de lleno en la droga. Una buena parte de los 94 procesados
en el sumario del contrabando como lugartenientes de los capos o como
simples distribuidores mayoristas de tabaco aparecieron involucrados en
los años siguientes en operaciones de trafico de drogas. Entre
los implicados en el sumario derivado de la operación Nécora, abierto
por Garzón en el año 1989, eran mayoría los ex contrabandistas.

Los efectos de la desidia

El nuevo Gobierno socialista elegido en 1982
se apresuró a capitalizar políticamente el trabajo judicial y policial
que se había empezado desde Cambados y Vilagarcía para erradicar los
gérmenes de criminalidad mafiosa que habían aflorado en la ría en los
años gloriosos del contrabando.

Virginio Fuentes, el primer gobernador civil
socialista de Pontevedra, y Joaquín Bobillo, entonces delegado de
Hacienda, se percataron pronto de las dimensiones del problema, pero en
Madrid no parecían darse por enterados y los recursos policiales y
judiciales siguieron brillando por su ausencia. El
macroproceso iniciado por Seoane se fue dilatando año tras año. En junio
de 1993, cuando ya había fecha para el juicio del caso Nécora, se
señaló la vista oral del tabaco, que, en principio, iba a comenzar dos
meses más tarde. Pero, al final, los 600 años de cárcel y 1,47 billones
de pesetas de multa que se pedían se quedaron en nada, porque la
Fiscalía retiró los cargos alegando que los hechos habían dejado de ser
delito después de la entrada en la Comunidad Europea en 1986. ¿Habría
llegado el narcotráfico adonde llegó en Galicia si la Justicia hubiese
sido más diligente a la hora de actuar con los contrabandistas? Todos
los indicadores apuntan a que no.