En Venezuela no hay hambre según el imbécil Sócrates

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La mano cubana
En 2010 empezó a sonar una cosa a la que llaman Centro Nacional de
Balance de Alimentos. Era un nombre largo y desconocido para un ente
sobre el que aparecieron documentos firmados por la funcionaria cubana
Bárbara Castillo.

Desde ese organismo adscrito a la Vicepresidencia de la República y que
ahora se le conoce como Cenbal, salían los lineamientos que el Gobierno
empleó a la hora de importar comida; en sus oficinas se decidió la dieta
y los productos que debían consumir los venezolanos. Esa es la
información que ha venido circulando en prensa y que ahora ratifica la
Fiscalía, en el fallo que el TSJ publicó el pasado 16 de diciembre.

"Tomando como base los requerimientos de alimentos establecidos por el
Centro Nacional de Balances de Alimentos (Cenbal), la empresa Productora
y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A., (Pdval) procedió a
requerir de la empresa Bariven, filial de Petróleos de Venezuela,
mediante solicitudes de pedidos la compra de alimentos en el mercado
internacional", sostiene el fallo del TSJ.

El proceso indica que las órdenes de compra salían de Pdval en una base
de datos colectiva, que recibía Bariven y que finalmente procesaba a
través de Pdvsa Services Inc, cuya sede de Houston, Estados Unidos,
contrataba a los proveedores, empresas navieras e intermediarios que
trajeron la carga a Venezuela. Fue así como toneladas y toneladas de
alimentos fueron llegando a los puertos.

Casualidades
Las noticias de Pdval no salieron a la luz pública por alguna
contraloría interna o denuncia de las comunidades vecinas. Ni siquiera
por la investigación que la diputada regional del estado Carabobo, Neidy
Rosal, solicitó en Fiscalía tres meses antes de que todo trascendiera a
la opinión pública. La historia oficial indica que una casualidad
disparó las alarmas.

De acuerdo con el fallo del TSJ, todo empezó por el robo de tres
contenedores: "La presente investigación se originó en virtud de la
denuncia realizada en fecha 21 de mayo del presente año por el ciudadano
Carlos Aranguren, gerente de Patio de la empresa Centro de Almacenes
Congelados, C.A., (Cealco), ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin), donde denunciaba el hurto de tres (03) contenedores
en Puerto Cabello".

Tercer cumpleaños
Pdval cumplió tres años la semana pasada. Aunque con poco tiempo, carga a
cuestas uno de los escándalos de corrupción más grandes que se hayan
visto en la historia de Venezuela. Eso destaca Leopoldo López, quien
señala que la decisión del TSJ pone en evidencia la parcialización de la
justicia venezolana.

"Hay que destacar que mientras el Gobierno usa los tribunales para
criminalizar la política y sentenciar a diputados como Biaggio Pilieri,
aplican prácticas dilatorias con casos como este, donde evidentemente
hubo un daño a la nación y delitos de traición a la patria", dice.

Al ex presidente de Pdval, Luis Pulido, la ex directora de Operaciones,
Mercedes Vileyska Betancourt, y el ex gerente general, Ronald José
Flores, se les imputan delitos de boicot y peculado culposo. El TSJ
anuló el proceso en su contra, por considerar que su defensa violó el
derecho al debido proceso a cambio de mayor celeridad. Siguen, sin
embargo, presos a la espera de un nuevo juicio.

El ex diputado Juan José Molina recuerda que es imposible pensar que
tres personas hayan instrumentado la red de corrupción más grande que se
haya visto en el país. El año pasado dejó esas y otras conclusiones en
un documento que consignó en la Contraloría General de la República, el
Ministerio Público y la propia Asamblea Nacional. Sin embargo, sólo ha
recibido silencio como respuesta.

"Este caso no prescribe", agrega Leopoldo López. El dirigente de
Voluntad Popular habla de unos nuevos chinos de Recadi a los que se les
quiere achacar los delitos de toda una mafia: "La Fiscalía ni nadie va
por los peces gordos; hay que insistir en que esta cadena de abusos está
encabezada por Rafael Ramírez".

Vínculos familiares
Hasta el tío del ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa ha
salido a relucir en la trama de esta historia. Aunque la junta
directiva de Pdval cambió en tres oportunidades, el nombre de Egli
Ramírez siempre se mantuvo en el segundo puesto de la Organización.

Se trata de una información publicada en prensa en julio del año pasado,
y que no habría pasado de allí si no fuera porque también sirvió a la
Fiscalía para pedir y sustentar la mudanza del juicio. En octubre
apelaron a esa y otras 62 denuncias que salieron en los medios, para
sustentar una medida que luego acogió el TSJ para pasar el proceso de
Puerto Cabello a Caracas.

"La Fiscalía está leyendo y reconociendo las denuncias que han salido en
los medios de comunicación", concluye López. "Que no se haya abierto
una investigación contra Ramírez y los otros funcionarios involucrados
hace cómplice a los fiscales y a todos los que están de una manera u
otra en la investigación".

En eso coincide la diputada al Consejo Legislativo del estado Carabobo,
Neidy Rosal, quien fue la primera en hablar de comida podrida apiñada en
los puertos y almacenes del país. En marzo del año pasado dejó
constancia en el Ministerio Público de la primera de seis denuncias que
ha consignado y ahora, frente a los últimos vaivenes del caso,
manifiesta que unos tecnicismos legales buscan dilatar el juicio.

"Lo que tenemos acá es un abocamiento de oficio", explica. "Eso quiere
decir que un magistrado, en este caso Eladio Aponte, se metió en el caso
porque determinó irregularidades en el debido proceso, y ahora yo le
digo a ese magistrado que si está tan preocupado por el tema, que por
favor exija la celeridad porque ya ha pasado un mes desde que anuló el
juicio".

Pica y se extiende
Ninguna persona puede pasar más de un año presa sin que se le abra un
juicio. Lo recuerda la diputada Rosal, porque teme que el escándalo de
los alimentos perdidos termine así. "Ha habido ocho diferimientos de
audiencia, tres cambios de jueces y luego tres suspensiones de juicio",
dice. "Pareciera que estamos ante tecnicismos legales y practicas
dilatorias que buscan subterfugios para posponer la sentencia".

La Mesa de la Unidad aprovechó la memoria y cuenta que el Presidente de
la República, Hugo Chávez, dio ayer para mandarle un comunicado, que
pidiera cuentas sobre los problemas del país y, entre ellos, destacó los
ya célebres contenedores con comida podrida: "Exigimos saber qué
acciones tomó el Gobierno ante el grave daño ocasionado al patrimonio de
la nación y a los venezolanos en general en el caso de los contenedores
de Pdval. Queremos tener respuesta y conocer a los verdaderos
responsables".

La diputada al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, añade que el
caso Pdval seguirá dentro y fuera del país. El año pasado denunció el
tema en la sede principal que la FAO tiene en Roma, y en su
representación en Caracas. Hasta hoy no ha tenido más que un sello de
recibido. Adelanta, de todas formas, que ahora llevará el caso a la Red
de parlamentarios contra el hambre, que tiene el Parlatino en Panamá.