Obama saca los colores a Europa

La iniciativa de EE UU para regular el sector financiero cambia el paso a la cumbre del G-20


ALEJANDRO BOLAÑOS 29/03/2009

Al segundo asalto en la pugna de los líderes mundiales por domar la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial le han cambiado las reglas justo antes de que sonara la campana. El guión estaba ya escrito: en una esquina, Estados Unidos, que plantea que todos los países asuman su apuesta por más gasto público. En otra esquina, la Unión Europea y su exigencia de dar prioridad a la regulación del sistema financiero. La tercera esquina la ocupan los emergentes, midiendo sus primeros pasos en el ring del poder. Y en el rincón, la crisis, más grande -la recesión mundial acecha-, y más fea -los escándalos por las retribuciones a ejecutivos de entidades quebradas se suceden-, que en la primera embestida. En esto, llegó el nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, y, como acostumbra desde su designación, mandó parar.

Porque lo que anunció el pasado jueves el secretario del Tesoro de EE UU, Timothy Geithner, deja desfasados de un plumazo los análisis que se han hecho en los últimos meses sobre qué cabía esperar de la segunda cumbre del G-20, el grupo que integra a países ricos y emergentes, improvisado puesto de mando mundial contra la crisis. A una semana de la cita de Londres, Estados Unidos acaba de asumir la agenda europea para reformar la regulación del sistema financiero. El cambio de rumbo propiciado por el vendaval Obama abre las opciones de avances significativos en este área. Y pone la presión para acordar una nueva ronda de estímulos fiscales en el alero de la UE.
"Las propuestas de Geithner muestran que vamos en la misma dirección", afirmó el viernes el portavoz del Gobierno alemán, Ulrich Wilhelm, quien trató de rebajar las expectativas: "Aún deben ser analizadas con detalle". El portavoz reveló que la reforma de la regulación financiera que presentó un día antes el secretario del Tesoro de EE UU había sido tratada en una conversación telefónica entre Obama y la canciller alemana, Angela Merkel.
No fue el único asunto en el que el líder norteamericano cogió a la dirigente alemana con el pie cambiado. Obama le adelantó que es inminente un plan de rescate para General Motors. Una papeleta para Merkel, que se ha resistido a dar ayudas para reflotar Opel, la filial europea de GM, y tiene previsto dar un discurso ante los trabajadores de la compañía el próximo martes.
Merkel simboliza mejor que nadie la negativa de la UE -con la excepción de Reino Unido que, como anfitrión de la cumbre, nada entre dos aguas-, a aumentar el gasto público. A Alemania le ha llevado más de 15 años digerir la reunificación y volver al equilibrio presupuestario. Y cuando lo consigue, la voraz crisis financiera le fuerza a una expansión fiscal para reactivar la economía.
Alemania, como el resto de países europeos -con España, por el calibre de sus medidas, a la cabeza-, asumió el compromiso fijado en el primer asalto del G-20 contra la crisis económica. La decisión unánime de elevar el gasto público fue el resultado más celebrado al cierre de la cumbre de Washington, en noviembre pasado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó entonces que los nuevos paquetes fiscales debían inyectar recursos públicos en una cantidad equivalente, al menos, al 2% del PIB de cada país.
Un informe del propio FMI, evaluando los planes anunciados para 2009, prendió la mecha de la polémica. Su conclusión fue que sólo un puñado de países del G-20 (China, EE UU, Arabia Saudí y España) había aprobado un paquete fiscal de la dimensión requerida. Y al tiempo que advertía sobre la necesidad de nuevas medidas para 2010, señalaba la débil respuesta del corazón de la zona euro (Alemania, Francia e Italia). En la UE, todo fueron quejas, no sin razón: el informe obviaba el efecto en los presupuestos y en la recuperación económica de la cobertura social (prestaciones por desempleo incluidas), mucho mayor en Europa que en EE UU. "Nuestro esfuerzo de gasto público es mayor que el de nuestros colegas estadounidenses", afirmó el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso.
Las posiciones se radicalizaron. Al nuevo plan de estímulo lanzado por Obama, que prevé 600.000 millones de euros (más del 5% del PIB) en recortes de impuestos, infraestructuras y ayudas sociales, siguió una exigiencia al G-20 -"estas medidas serían más eficaces si todo el mundo fuera en la misma dirección", advirtió Obama-, reiterada luego cada pocos días. La UE alertó del riesgo de un déficit público disparado -el saldo negativo de EE UU llegará al 13% del PIB-, y volvió a reiterar que el efecto de los estabilizadores en los presupuestos elevará los déficits en Europa aunque no se tomen nuevas medidas.
El brazo europeo del G-20 insistió en poner el foco en la reforma financiera, convencido de que en la insistencia en aumentar el gasto público desde Estados Unidos, y con más cautela desde Reino Unido, los dos focos de la crisis, también pesaba la reticencia a llevar los cambios demasiado lejos. "La máxima prioridad es forjar la nueva arquitectura financiera global", afirmaron Merkel y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en una carta conjunta. "Para la regulación del sector financiero, es ahora o nunca", remachó Durão Barroso.
Europa devolvió la pelota a Estados Unidos. Su propuesta de elaborar en la cumbre de Londres una lista negra de paraísos fiscales, desencadenó el pánico en las plazas financieras que más abusan del secreto bancario. Donde Alemania y Francia anticipaban topes legales a las retribuciones de los ejecutivos de bancos apoyados con dinero público, Obama tenía que recular en su pretensión de reducir el bonus a los directivos de las entidades asistidas en su país. Además, Bruselas presentó una iniciativa para concentrar en tres nuevos órganos la supervisión financiera de la UE. Y, de tapadillo, señalaba a EE UU cuando se evidenciaban los escasos avances en la regulación de fondos de alto riesgo o las agencias de calificación.
Así se planteaba la cumbre de Londres hasta que, como quedó dicho, Obama cambió el guión esta misma semana. Y lo hizo con una propuesta que, en más de un aspecto, asume enseñanzas del sistema de supervisión español.
Geithner anunció el jueves que EE UU abandonará el principio de la autorregulación y fijará normas para toda la industria financiera. Aglutinará las tareas de supervisión en una única agencia, que bien podría ser la propia Reserva Federal con poderes ampliados. Se elevarán los requerimientos de capital a las principales entidades y se les instará a aumentar las provisiones cuando más crédito concedan. La supervisión se extenderá a todos los mercados, incluidos los de productos derivados y los grandes hedge funds tendrán que inscribirse, podrán ser inspeccionados y deberán compartir información con la nueva agencia. Se establecerán incluso recomendaciones para guiar la remuneración de los ejecutivos, cuyo cumplimiento también será supervisado.
"La respuesta no es reinventar el sistema", fue la admonición con la que recibió el anterior presidente de EE UU, George W. Bush a los mandatarios del G-20 en Washington. Lo expuesto por Geither el jueves es lo más parecido a reinventárselo que se le ha oído a un dirigente estadounidense en mucho tiempo. Una iniciativa que descoloca a Europa: facilita la consecución de sus objetivos al tiempo que debilita su resistencia a los incentivos fiscales.
Pero esto son sólo palabras. Los hechos que anuncian están aún muy lejos de materializarse. "El cambio en la regulación y la supervisión del sistema financiero va a ser, necesariamente, largo y complejo, las exageradas expectativas que generan las cumbres acaban en decepción", advierte José Manuel Campa, profesor de Finanzas en la escuela de negocios IESE. El G-20 se las ve con retos de magnitud mayúscula.
- El lento camino a la coordinación. "Lo primero que hay que entender es que los organismos internacionales que deben acordar los cambios de regulación en varios sectores no están bien definidos, les faltan competencias y están afrontando su propia reforma", explica Campa. El Foro de Estabilidad Financiera, piedra angular para fijar las nuevas reglas globales, acaba de culminar su ampliación. Y, salvo el Banco Internacional de Pagos, que aglutina a los principales bancos centrales, las agencias que coordinan los esfuerzos internacionales en áreas clave (seguros, contabilidad, mercados de valores...) afrontan cambios radicales en sus cometidos y estructura.
Una de las soluciones que cuenta, a priori, con mayor respaldo es la creación de colegios que integren a los supervisores de los países en los que operen grandes entidades financieras. "Aquí hay muy poco avance", sentencia el profesor del IESE. Eso sí, el aumento en los mínimos legales de capital y la constitucion de provisiones anticíclicas parecen ya dos principios afianzados en la regulación que viene.
- Al rescate del sector financiero. La cumbre de Washington se celebró apenas un mes después de que la quiebra de Lehman Brothers estuviera a punto de fundir el sistema bancario. Y consagró cualquier iniciativa pública para salvar a las entidades con "importancia sistémica", es decir con capacidad para arrastrar a otras muchas en su caida. Un paraguas que cubre la nacionalización y la compra de los activos tóxicos que originaron la crisis. Lo llamativo es la divergencia de la respuesta a ambos lados del Atlántico. Mientras Europa recapitaliza sus bancos, Obama retoma la idea de financiar la adquisición de activos, aun a costa de asumir las pérdidas. El recelo de Europa a fijar precios por activos que el mercado no quiere y la alergia de EE UU a las nacionalizaciones condicionan las respuestas.
- Paraísos amenazados al fin. "El sistema de financiación de la economía está corrompido, ha habido una regulación inadecuada, tramposa, se ha derivado una cantidad ingente de recursos a la especulación. Habría que desincentivar, con impuestos si fuera necesario, una circulación excesiva de capital. No puede haber válvulas de escape para el capital especulativo", sostiene Juan Torres, catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la plataforma Attac. No hay válvula más escandalosa que la existencia de paraísos fiscales que usan el secreto bancario para entorpecer las inspecciones fiscales del resto de países. Y su perviviencia, al menos como se les conoce hasta ahora, está seriamente amenazada.
Los paraísos fiscales no tuvieron un papel protagonista en la crisis, pero varios Gobiernos quieren aprovechar la ocasión para "erradicarlos", en palabras del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Está por ver si los sucesivos anuncios (Suiza, Mónaco, Andorra, Austria, Liechtenstein...) de más intercambios de información limitan la evasión de impuestos.
- ¿Quién pone el cascabel a los sueldos? El Royal Bank of Scotland (RBS) estaría quebrado si no fuera por la asistencia multimillonaria del Gobierno británico. Pese a su nefasta gestión, Sir Fred Goodwin, el ex consejero delegado del RBS, no renunció a una pensión vitalicia valorada en más de 700.000 euros. Esta polémica decisión, como los bonos de los ejecutivos de la aseguradora AIG, es un caso llamativo, pero también sintomático, de una perversa forma de retribuir a los directivos con la que el G-20 se ha propuesto acabar. Lo que no está claro es cómo. "Habría que plantear un código de buenas prácticas específico en materia retributiva, en el que los incentivos se ajustaran a la creación de riqueza para la empresa y no con los beneficios a corto plazo", sugiere Cándido Paz-Ares, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Madrid y socio del bufete Uría Menéndez.
Paz-Ares también cree que en los planes de opciones sobre acciones hay que delimitar qué parte de la revalorización de la compañía se debe a la labor de sus gestores. Y apuesta por normas que refuercen la independencia de los consejeros que negocian los contratos de los ejecutivos y por la publicación detallada de sus sueldos. "Luz y taquígrafos, ése es el mejor antídoto frente al fraude", afirma.
Son principios que también se incluyen en el informe del grupo de expertos al que el G-20 encargó un análisis de la situación. Menos precisa es su recomendación de que los supervisores velen por el cumplimiento de estas propuesas "Es muy complicado establecer límites desde fuera de la empresa, podría ser contraproducente"`, opina Paz-Ares.
- Límites al riesgo de las agencias de calificación. Una de las paradojas de la crisis es que las entidades a las que se adjudicó el papel de evaluar la solvencia de los títulos colocados en el mercado fueron determinantes, con sus generosas calificaciones, para diseminar complejos activos en los que se agazapaba un riesgo brutal. Los reguladores públicos están dispuestos ahora a recuperar parte de las funciones cedidas a estas agencias privadas, pero el trabajo es arduo. En la UE, está por finalizar aún el trámite para obligar a la inscripción de las agencias y, de esa manera, abrir la puerta a la inspección de sus métodos de trabajo. En Estados Unidos, sede de las tres agencias de rating que se reparten el mercado mundial, el supervisor ha fijado normas para que se den calificaciones separadas a activos complejos, en las que se avise de su riesgo. Sigue pendiente la separación del negocio de calificación de la asesoría a las entidades que emiten títulos. Un esquema que sí se implantó tras el caso Enron para auditorías y consultorías.
- La furia. "Si no se toman decisiones estructurales, con la gravedad de la crisis que tenemos delante, la gente se sublevará y tendrá razón". Sarkozy sintetizó así la preocupación de los mandatarios ante un cóctel explosivo: ayudas públicas mutimillonarias a la banca, compensaciones escandalosas a los ejecutivos y acelerada destrucción de empleo. Las manifestaciones previstas en Londres y otras capitales serán un buen termómetro del malestar social.

Lo que va de Washington a Londres


Seguir la pista a las múltiples disposiciones del acuerdo adoptado hace cuatro meses por el G-20 en la cumbre de Washington no es tarea fácil. Muchas de las iniciativas eran muy vagas y su cumplimiento, por tanto, difícil de medir, cuando no polémico. Un buen ejemplo es lo que ha sucedido con los paquetes fiscales, el pacto de más relumbrón de la cita de noviembre: el FMI propuso como referencia un gasto público equivalente al 2% del PIB de cada país, pero las divergencias sobre cómo medir ese gasto se reproducen por doquier.
Si había un mandato con fecha fija y contenido claro era el de culminar, antes de finales de 2008, la ronda de Doha para liberalizar el comercio internacional. Igual de nítido resultó el fracaso en las negociaciones. En Londres, habrá, seguro, nuevos emplazamientos a llevar a buen fin las discusiones. Pero, para esquivar el escepticismo en esta área, el líder británico, Gordon Brown, se ha apresurado a plantear la creación de un fondo de 100.000 millones de euros para respaldar los créditos a las exportaciones. Doha además tendrá que compartir protagonismo con otra ciudad, Copenhague. La capital danesa acogerá la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático, y el Gobierno británico, que ha hecho de este asunto una de sus banderas, quiere forzar un llamamiento para insistir en la rebaja de las emisiones contaminantes.
La pista de las propuestas sobre regulación financiera que tenían que estar listas antes del 31 de marzo se pierde en una miríada de organismos internacionales. Las agencias (una mundial, otra de EE UU), que fijan las normas contables de referencia, han publicado guías para flexibilizar la norma del "valor justo" para activos distorsionados por la falta de mercados. La coordinadora de supervisores en mercados de valores está analizando las iniciativas del sector privado para aumentar la transparencia de los derivados. Y ha editado un código de buenas prácticas para las agencias de calificación de riesgos, que servirá de base a la supervisión que plantean los Gobiernos. Tanto el Foro de Estabilidad Financiera como el comité que fija los estándares internacionales en contabilidad han ampliado su representación para dar cabida a los países emergentes, otro de los encargos del G-20.
El Banco Internacional de Pagos ha iniciado consultas para ligar los requerimientos de capital a operaciones de riesgo opaco, como las que se apuntan fuera del balance bancario o la compra de productos derivados. Para avanzar en la regulación de los derivados que cubren el riesgo de insolvencia, se han constituido dos cámaras de compensación (en EE UU y la UE) y se avanza en la elaboración de un contrato-tipo en el que se reconozca el riesgo adoptado.
El Foro de Estabilidad Financiera ha publicado las líneas maestras que deben regir en los esquemas de retribución para evitar la toma de decisiones arriesgadas y el grupo de expertos del G-20 ha terminado su informe sobre la cuestión, en el que sugiere que los supervisores controlen en el futuro si se cumplen estas recomendaciones. El Foro también ha establecido protocolos para el funcionamiento de los colegios de supervisores. Según el Gobierno británico, varios de estos colegios, que coordinan el control sobre grandes entidades financieras internacionales, se han constituido ya.
En cuanto a la reforma del Fondo Monetario Internacional, la comisión creada por el propio organismo acaba de terminar sus recomendaciones: culminar antes de 2010 los cambios en el sistema de votación para dar más poder a los emergentes y la creación de un nuevo Consejo, con mayor peso político en sus decisiones.

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