La vida del etarra Cubillas al amparo del Gobierno de Chávez

La vida del etarra Cubillas al amparo del Gobierno de Chávez

LUDMILA VINOGRADOFF | CARACAS



Actualizado Martes , 02-03-10 a las 16 : 31



El etarra Arturo Cubillas Fontán, procesado por el juez español Eloy Velasco, vive en Caracas, tiene nacionalidad venezolana, vive en la urbanización de clase media en el centro de Caracas llamada Valle Abajo y su mujer es directora de Información del Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierra.

Según una exhaustiva investigación publicada hoy por el diario «El Nacional», el etarra reside en la capital venezolana desde 1989. Se casó en 1990 con una periodista venezolana de origen vasco, Goizeder Odriozola Lataillade, que ha tenido y tiene estrechos vínculos con el vicepresidente Elías Jaua, ministro de Agricultura y Tierras hasta hace un mes.

En su auto de 26 páginas el juez Velasco acusa al gobierno venezolano de haber cooperado en «la ilícita colaboración entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ETA». El juez procesa a seis etarras y siete miembros de la guerrilla colombiana por intentar atentar contra el presidente Álvaro Uribe y su antecesor Andrés Pastrana.

También acusa a Cubillas de varios delitos, entre ellos, ser cabecilla de los etarras en Venezuela y enlace con las FARC. Desde 2002, la Justicia española ha tratado de capturarlo en Caracas para acusarlo de tres asesinatos, pero Venezuela siempre se ha escudado en que era ciudadano venezolano.

«El Nacional» recuerda que en 2006 el entonces ministro del Interior, Jesse Chacón, dijo que no podía ser extraditado por tratarse de un ciudadano venezolano. "Si es solicitado, tendría que ser juzgado en Venezuela", dijo entonces Chacón.

Un restaurante con nombre de comandoSus primeros pasos en el país se registran como administrador de un restaurante vasco en El Hatillo, suburbio de Caracas, bautizado como Oker’s, el mismo nombre del comando al que se supone pertenecía en España. «Al grupo Oker, constituido en 1984 como comando legal de la ETA, se le atribuyen tres asesinatos ocurridos entre el 1984 y 1985: el del francés Joseph Couchot, el de Ángel Facal y el de Máximo García», añade el diario.

“Un año después de su llegada a Caracas, Cubillas se casó con la periodista Goizeder Odriozola Lataillade, quien tiene estrechos lazos con el gobierno de Hugo Chávez. Fue directora del despacho de la Presidencia hace cuatro años y desde 2007 es directora general de información del Ministerio de Agricultura y Tierras”, señala el impreso.

“Su esposo fue en 2005 director adscrito a la oficina administrativa de este ministerio. Como Cubillas no aparece cotizando en el Seguro Social, es posible que no durara más de un año en ese puesto. Desde entonces no se le conoce otro cargo público”, apunta.
“Cubillas tiene una cédula (carné de identidad) venezolana y está inscrito para votar en el Colegio San Pedro en Valle Abajo”.

Parte de las evidencias que expuso el juez Velasco se extrajeron del ordenador del dirigente de las FARC Raúl Reyes, incautado en marzo de 2008 en el campamento que tenía el grupo armado colombiano en Ecuador. Estos documentos vinculan a Cubillas con Rodrigo Granda Escobar, miembro del estado mayor de las FARC.

http://www.abc.es/20100302/nacional-terrorismo/vida-etarra-cubillas-amparo-201003021617.html




El Gobierno cursará las peticiones del juez Velasco



El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, subrayó hoy que desde el Gobierno pondrán en marcha "todos los mecanismos de cooperación jurídica internacional" tras el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, según informa Europa Press.
En declaraciones a los periodistas en Jaén, Caamaño subrayó que "tan pronto" tuvieron noticia del auto del magistrado, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, preguntó "directamente" a Venezuela "sobre si había algo" y agregó que, en cualquier caso, el Gobierno de España "a través del conducto diplomático dará traslado y realizará las pesquisas que precisamente el auto establece".
"Estamos para cooperar con el poder judicial del Estado español en el esclarecimiento de los hechos y eso es lo que hará el Gobierno en el ejercicio de sus competencias", según aclaró el ministro, quien detalló que, de este modo, el proceso está en marcha y realizarán el trabajo que les corresponda, que no es otro que "activar los mecanismos de conocimiento y cooperación jurídica internacional para obtener esa información y ponerla en manos del juez", zanjó.