La soga española en el cuello de Chávez

La soga española en el cuello de Chávez


Marzo 11, 2010 · Sin Comentarios


por Álvaro Vargas Llosa
La Audiencia Nacional de España ha revelado que el gobierno venezolano hizo de alcahuete entre dos grupos terroristas: la ETA española y las FARC colombianas. El procesamiento de trece españoles y colombianos es el resultado de una investigación detonada por los archivos informáticos capturados cuando Colombia atacó un campamento de las FARC en Ecuador en 2008. La decisión del tribunal español debería avergonzar a los muchos que cuestionaron la validez del contenido de los archivos en aquel entonces.
Entre los acusados se encuentra Arturo Cubillas Fontán, un miembro de ETA empleado en el Ministerio de Agricultura de Venezuela y casado con Goizeber Odriozola, directora general del gabinete de la Presidencia de Hugo Chávez. Cubillas, señalado como el principal nexo entre las FARC y ETA, está acusado de coordinar el entrenamiento de miembros de la banda española en guerrilla urbana. Las FARC también procuraron ayuda logística por parte de ETA en Madrid con el fin de asesinar al Presidente colombiano.
Lo que motivó la investigación fue la información obtenida por Colombia tras la incursión militar de 2008 contra el campamento controlado por Raúl Reyes, el comandante clave de las FARC, en el norte de Ecuador. Los efectivos colombianos encontraron 17.000 archivos y 37.000 documentos en tres ordenadores Toshiba Satellite, dos discos duros externos y tres memorias USB. Una vez que la Dipol estudió el contenido en Bogotá, la Interpol autenticó los archivos y confirmó que Colombia no los había manipulado. El gobierno colombiano compartió entonces con discreción las partes pertinentes con los países afectados por el contenido.
Lo que se filtró a la prensa fue sólo una parte de la enciclopédica información sobre la estructura, el financiamiento y las conexiones internacionales de los terroristas colombianos. Los amigos del truhán de Venezuela, incluidos ciertos gobiernos, líderes políticos, intelectuales, ONGs y medios de comunicación, alimentaron una campaña destinada a desacreditar la versión de que esas computadoras existían o contenían pruebas incriminatorias.

La idea de que los archivos pudiesen haber sobrevivido a un ataque de aviones Super Tucano y helicópteros Black Hawk fue ridiculizada. La noción de que los contactos entre Iván Márquez, agente de las FARC, y Hugo Chávez estuviesen registrados por escrito fue objeto de burlas estentóreas. ¿Cómo podría Venezuela entregarle a las FARC 300 millones de dólares y servir de conducto para el suministro de armas importadas de Rusia a los terroristas colombianos, y dejar pruebas de la triangulación en un ordenador portátil? La Organización de Estados Americanos no movió un dedo ante la flagrante violación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002.
Y, sin embargo, las pruebas eran apabullantes. Entre otros testigos, Bertrand de la Grange, una autoridad del periodismo de investigación, tuvo acceso a los archivos, que habían sobrevivido al ataque gracias a que Reyes los conservaba en maletines metálicos Pelican. Escribió detalles tan irrefutables que hasta Pirrón de Elis, el fundador de la escuela escéptica, le habría creído. Bertrand publicó por primera vez su informe en la revista Letras Libres, en México, y el texto fue reproducido en medio mundo. Explicaba allí los “cinco anillos” de la estructura de las FARC. El “anillo 3” operaba desde Venezuela con la caución de Chávez y el “anillo 5” extendía sus tentáculos a quince países, entre ellos España. El autor concluyó que existía “una red de complicidades internacionales de dimensiones insospechadas”.
Le pregunté Bertrand cuán determinante fue la información de los archivos de Reyes para la investigación de la Audiencia Nacional en España. “Los ordenadores han sido la fuente principal. Ya habían permitido el arresto de Remedios García por ayudar a las FARC en Europa y el desmantelamiento de varias redes de apoyo.”
Los vínculos de Venezuela con las FARC son antiguos. En diciembre de 2004, Colombia detuvo a Rodrigo Granda, jefe de relaciones internacionales de las FARC, cuando unos cazadores de recompensas lo capturaron en Venezuela y lo llevaron hasta la frontera. Julio Montoya, del MAS venezolano, reveló que a unos 500 miembros de las FARC se les había otorgado la ciudadanía de Venezuela y que operaban en el corredor de Zulia-Táchira.
Los cordones umbilicales de Chávez con el terrorismo van más allá de las FARC y ETA. Hace unos meses, Robert Morgenthau, el fiscal federal del Distrito de Manhattan, en Nueva York, hizo público que Venezuela estaba ayudando a Irán a eludir las sanciones internacionales en relación con su trama nuclear. Según él, Ghazi Nasr al Din, un venezolano impedido por el Tesoro norteamericano de hacer negocios aquí por sus conexiones terroristas, está trabajando con nombre falso en la embajada venezolana en el Líbano.
Las implicaciones políticas del proceso iniciado por la Audiencia Nacional son de gran envergadura. El gobierno de España ha sido un amigo cercano de Cuba y Venezuela, y vendió armas a Chávez hace unos años. Madrid ha entorpecido los intentos de la Unión Europea de denunciar la violación de los derechos humanos en esos países. Ahora, ante el colosal cuerpo del delito que obra en poder de los tribunales españoles, ¿cómo podría el gobierno socialista mantener su política sin pagar un precio devastador en las urnas?

(c) 2010, The Washington Post Writers Group