¿El levantamiento de Franco fue en reacción al hostigamiento anti religioso?

El fenómeno de la persecución de los miembros de la Iglesia Católica enmarcado en la Guerra Civil Española comprende a miles de personas, religiosos y laicos, que forman parte del conjunto más amplio de víctimas de la Guerra Civil, e incluye también la destrucción de patrimonio artístico religioso y documental. Entre estas personas se encontraron numerosos religiosos.
1 pertenecientes al clero secular, órdenes, congregaciones y distintas organizaciones dependientes de la Iglesia Católica española que sufrieron actos de violencia que culminaron en miles de asesinatos, alcanzando las dimensiones de un fenómeno de persecución
2 en las áreas de control nominal republicano principal, aunque no únicamente, durante los primeros meses del conflicto armado y de la revolución social que tuvo lugar en dicha zona. En la zona bajo control de las fuerzas sublevadas existieron también episodios, en un número muchísimo menor y en momentos puntuales, hacia religiosos (católicos o de otras confesiones).

Esta violencia no sólo se manifestó en contra de los derechos fundamentales de miles de personas, muchas de las cuales fueron asesinadas —algunas, incluso, tras sufrir tortura—, sino que también se ejerció de manera sistemática contra aquellos bienes y objetos considerados símbolos de la religiosidad, dañando o destruyendo gran parte del patrimonio arquitectónico, artístico y documental.

Un detallado estudio publicado en 1961 por Antonio Montero Moreno,3 identificó a un total de 6.832 víctimas religiosas asesinadas en el territorio republicano, de las cuales 13 eran obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas.

La Iglesia Católica, considerando que muchas de estas víctimas lo fueron como "consecuencia de su fe", las definió como mártires. Esta denominación de carácter religioso fue también adoptada por la propaganda del bando sublevado y posteriormente, por la dictadura franquista, haciéndola extensiva a todas las víctimas afines a su causa, quienes fueron llamadas mártires de la Cruzada o mártires de la Guerra Civil.

Antecedentes: anticlericalismo y desencuentros con el republicanismo

A lo largo de la historia contemporánea de España anterior a la guerra civil de 1936, la violencia ejercida en contra de las personas relacionadas con la Iglesia Católica, los símbolos de su religión o sus intereses, ha sido estudiada por su carácter recurrente y prolongado en el tiempo como uno de los rasgos más destacados del anticlericalismo español, que surgido en el ideario político liberal, luego sería retomado por las corrientes republicanas más radicales y del movimiento obrero.5 Los asesinatos en el bienio de 1822-1823 (durante el Trienio Liberal), la matanza de sacerdotes en Madrid de 1834 (durante la Primera Guerra Carlista) y luego, durante las otras Guerras Carlistas o los episodios de la Semana Trágica de Barcelona de 1909 son los ejemplos de violencia más significativos del periodo anterior al establecimiento de la Segunda República,6 y muestran la existencia de un significativo sentimiento anticlerical en la sociedad española.

En vísperas de la proclamación republicana, la Iglesia Católica era una institución identificada por una parte importante de la sociedad española con parte de los estamentos del poder heredados del Antiguo Régimen junto a la Corona, a la que apoyaba en su acción política en la misma extensión que la de los sectores promonárquicos y de la oligarquía, coincidiendo en las reclamaciones para conservar sus privilegios sociales y económicos tradicionales. Desde esta perspectiva también, la mayoría del clero se había asociado a los intereses de la clase propietaria e incluso, se le asimilaba directamente con esta clase social. Los medios de comunicación y el discurso de los políticos, generalmente desde los movimientos obreros y el republicanismo, pero también desde algunas posiciones reformistas del propio movimiento monárquico, justificaban e incluso alentaban la hostilidad de las clases populares hacia la Iglesia y su jerarquía.

Durante la campaña electoral para las elecciones municipales de abril de 1931, que llevaría al cambio de régimen en España, y a pesar de la presencia de católicos como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura en las filas republicanas, buena parte de los miembros de la Iglesia vincularon la doctrina católica con la del ideario de los partidos monárquicos7 pero tras la derrota de estos y en los días posteriores inmediatos a la proclamación de la Segunda República, la jerarquía católica, a pesar de sus reticencias iniciales, justificadas en que el gobierno se llamaba a sí mismo "provisional" y en que el rey no había abdicado, terminó por acatar formalmente la forma del nuevo régimen.8 Así, esta línea de actuación se pudo constatar en las instrucciones que los distintos obispados transmitieron a los sacerdotes para que no intervinieran en cuestiones políticas, como reflejó la nota del obispado de Gerona del 18 de abril en el boletín de la diócesis:9
1º Procuren los reverendos sacerdotes no mezclarse en contiendas políticas, a tenor de los sagrados cánones.
2º Permanezca cada uno en su puesto, cumpliendo celosamente las funciones propias de su cargo; y en cuanto a la predicación, eviten las alusiones directas o indirectas al estado actual de cosas, desempeñando ese importante ministerio con la más exquisita prudencia.
3º Guarden con las autoridades seculares todos los respetos debidos y colaboren con ellas, por los medios que les son propios, en la prosecución de sus nobles fines.

El cardenal primado, Pedro Segura declaró a las pocas semanas que "monarquía y república caben en la doctrina católica" y en una pastoral fechada el 30 de abril de 1931, aconsejó a los monárquicos "discutir noblemente cuando se trate de la forma de gobierno de nuestra noble nación".9

Sin embargo, a medida que se fueron conociendo los planes de actuación del nuevo Gobierno, en el mes de mayo de 1931, la prensa madrileña reflejó la división de opiniones en el seno de los sectores católicos, divididos entre los que desde las posiciones más "integristas" o "rupturistas", encabezada entre otros por el cardenal primado Segura10 mantenían la identificación del catolicismo con la monarquía, y los que aceptaban la República8 según la posición llamada "vaticana", que aunque conservadora, abogaba por posturas legalista y conciliadoras.

Segura decidió expresar su posición publicando el 7 de mayo en la prensa una carta pastoral, la primera publicada por un cardenal desde el 14 de abril, en la que denunciaba los planes del nuevo régimen, al que comparaba con el bolchevique, para realizar "ataques a los derechos de la Iglesia", como el matrimonio civil o el divorcio, que el hispanista Gabriel Jackson comentaba del siguiente modo:
Fue la primera declaración pública del cardenal desde la proclamación de la República. En ella se refería repetidas veces a las graves amenazas de anarquía a que España se veía expuesta. Aunque la Iglesia no se preocupaba de formas régimen, deseaba expresar la gratitud a S.M.[...] Recordó el ejemplo de Baviera en 1919 [durante la revolución espartaquista], cuando la población católica salvó al país de una breve ocupación bolchevique, sugiriendo, por tanto, por analogía, que el gobierno provisional de la República era de la misma categoría que el régimen comunista de la breve revolución bávara. Por ataques a los derechos de la Iglesia, el cardenal entendía la bien conocida determinación del nuevo régimen de separar la iglesia del Estado, organizar un sistema de enseñanza laica e introducir el matrimonio civil y el divorcio.
Gabriel Jackson; 48

Al día siguiente, Segura prosiguió, ignorando los consejos de moderación de la Secretaría de Estado del Vaticano, enviando una circular interna en la que instaba a los religiosos a retirar los fondos de sus cuentas bancarias del país y depositarlos en el extranjero[cita requerida], acción que en caso de producirse, contravendría las disposiciones en contra de la fuga de capitales adoptadas por el Gobierno provisional. La respuesta del ministro de la Gobernación, el católico Miguel Maura, a ambos escritos fue la de decretar la expulsión del país del cardenal, hecho que no se completó hasta varias semanas más tarde. La actitud del sector "integrista" fue entonces considerada como una provocación,10 contribuyendo a avivar el sentimiento anticlerical que surgiría en los episodios del 10 de mayo de 1931 en Madrid.
La iglesia de Santa Teresa de Jesús y convento de los Padres Carmelitas Descalzos, en Madrid, fue uno de los edificios religiosos incendiados el 11 de mayo de 1931.

Aquella jornada dominical, tras una reunión de personas derechistas en la inauguración del Círculo Monárquico Independiente, fue colocado un altavoz en el que podía oírse la Marcha Real, en la calle de Alcalá de Madrid, cuando numerosos ciudadanos regresaban del tradicional paseo por El Retiro. El enfrentamiento entre los asistentes al acto monárquico y los ciudadanos que les recriminaban su actitud fue aprovechado por simpatizantes de la extrema izquierda, que habían planificado actos de protesta con motivo de la reunión derechista, para provocar disturbios violentos en la proximidad de edificios de filiación manárquica, como en la sede del diario ABC, donde la Guardia Civil pudo controlarlos, pero en los que resultaron muertas dos personas, un niño de 13 años y el portero de una finca, primeras víctimas mortales tras la proclamación pacífica de la República en abril. Al día siguiente, las protestas, que habían concentrado a 5.000 personas en la Puerta del Sol en contra del ministro de Gobernación y de las fuerzas de orden, se reanudaron pero esta vez, con la convocatoria de una huelga general por parte de la CNT y del Partido Comunista, pero sin el apoyo del sindicato y partido socialistas, en la que se incrementó el carácter violento anticlerical resultando incendiadas varias iglesias, colegios religiosos y conventos sin que el Gobierno, entonces dividido, decidiera usar la fuerza para evitarlo. Los destrozos se extendieron a otras ciudades en la jornada del 11 de mayo, como Málaga, donde ardió el palacio episcopal, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Murcia o Valencia, provocando el pánico entre frailes y monjas. Para cuando se hubo controlado la situación, el día 15 de mayo, un centenar de edificios habían sido afectados por los incendios provocados.11

El episodio trajo a la memoria los acontecimientos anteriores de la Semana Trágica de 1909, mucho más graves en cuanto a daños personales y materiales, pero que por su proximidad a la fecha de proclamación de la República, fue posteriormente utilizado por los medios de propaganda como referencia temporal y justificación de la causa del bando vencedor, como recordaban las palabras de un sacerdote:
Fue a partir de aquel día cuando comprendí que nada se conseguiría por medios legales, que para salvarnos tendríamos que sublevarnos antes o después.
Testimonio de Alejandro Martí, recopilado por Roland Fraser en Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, v. II, pg. 322-327. Citado en (Casanova 2005; 34)

Pocas semanas después de los disturbios anticlericales, la definitiva expulsión de Segura tras su arresto el 11 de junio en Pastrana, perpetuado por unas célebres imágenes tomadas por los reporteros gráficos que cubrían el evento, sirvió para acrecentar el cruce de acusaciones y caldear aún más el clima de tensión social generado, si bien la Santa Sede anunció la renuncia a la sede primada de Toledo del cardenal Segura el 30 de septiembre de 1931.12

En los meses que siguieron, durante los debates de ponencia de la nueva Constitución se plasmó nuevamente la divergencia entre los sectores católicos, una parte de ellos representados desde abril por la asociación Acción Nacional, que iría aumentando progresivamente su influencia en la escena política, y los republicanos laicistas. La Constitución estipulaba, en su artículo 26, párrafo 3, la separación entre Iglesia y Estado y el sometimiento de las órdenes religiosas "que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado" (en referencia a su obediencia al Vaticano), a un Estatuto especial por el que se les prohibía la enseñanza. También se contemplaba la finalización de las partidas del presupuesto del Estado correspondientes a Culto y Clero, extinguiendo la vía pública de financiación de la Iglesia Católica. En un parlamento en el que, en virtud de la ley electoral, la conjunción republicano-socialista había obtenido una holgada mayoría parlamentaria, tras las elecciones de junio de 1931, el artículo 26 fue aprobado con 178 votos a favor y 59 en contra, pero sumó numerosas abstenciones y provocó la retirada de 42 diputados de los partidos agrarios y de los representantes vasconavarros. Las disposiciones constitucionales, una vez aprobado el texto el 9 de diciembre de 1931, llevaron a la disolución en el país de la Compañía de Jesús, el 24 de enero de 1932, lo que provocó que la mayoría de los jesuitas partiera al exilio.

En las postrimerías del bienio reformista, el 17 de mayo de 1933, el gobierno aprobó la controvertida Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, aprobada por las Cortes el 2 de junio de 1933, y reglamentada por un Decreto de 27 de julio13 por la que se desarrollaba el carácter laico del Estado según estipulaba la Constitución. La ley confirmaba la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, a la vez que se declararon de propiedad pública los monasterios e iglesias. Sin embargo, la ley que afectaba a la escolarización de más de 350.000 alumnos en un país donde el 40% de la población era analfabeta, fue en la práctica suspendida por la imposibilidad del Gobierno de izquierdas, derrotado en las elecciones del mes de noviembre, de construir el número suficiente de escuelas primarias en sustitución de las dependientes de la Iglesia.14 15

La respuesta a todas estas actuaciones del Gobierno de izquierdas se plasmó en múltiples reacciones de los sectores católicos: el arzobispo de Tarragona y cardenal Francisco Vidal y Barraquer, más tarde salvado de la persecución por el Gobierno catalán, firmo una carta episcopal (25 de mayo de 1933), por la que se condenaba lo que calificaba de injerencia gubernamental y se llamaba a la movilización política de los católicos contra todo lo que "amenazara a los derechos integrales de la Iglesia". Enrique Herrera Oria, dirigente de la Federación de Amigos de la Enseñanza definió la Ley como "de la guerra civil de la cultura", mientras que desde el carlismo, Manuel Fal Conde consideraba que los católicos debían defenderse "con su sangre incluso".Por su parte, el 3 de junio, el papa Pío XI, quien el 12 de abril de 1933 nombró a Isidro Gomá, obispo de Tarazona, nuevo cardenal primado de España, dedicó expresamente la encíclica Dilectísima Nobis a "condenar el espíritu anticristiano del régimen español", afirmando que la Ley de Congregaciones "nunca podrá ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia" y animando a la unión de los católicos contra la República:
...ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos vivamente a los católicos de España que, dejando a un lado recriminaciones y lamentos y subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan todos, disciplinados, para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil.
Gil Pecharromán, "La cuestión religiosa", en artehistoria

La movilización religiosa del electorado, que en estas elecciones tuvo una candidatura única a la que votar, tras una dura campaña en la que los medios conservadores y de extrema izquierda acentuaron por una y otra parte la sensación de "persecución" y de amenaza del "fascismo", fue una de las causas de la recuperación de la derecha no republicana en las elecciones de noviembre de 1933 que permitieron la formación de un nuevo Gobierno de carácter conservador17 que iniciaría una etapa de revisión de las decisiones tomadas durante el bienio precedente.

El aumento de la conflictividad social durante el bienio conservador desembocó en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 en Asturias en los que el Ejército tuvo que sofocar una insurrección proletaria. El episodio se saldó con la muerte de cerca de 1.400 personas y con 3.000 heridos, y durante el cual el anticlericalismo resurgió brutalmente. Durante la insurrección, encontraron la muerte 34 religiosos en episodios como el asesinato de los ocho Hermanos de La Salle y un padre pasionista del valle de Turón y resultaron dañadas o destruidas 58 iglesias, el palacio episcopal y la Cámara Santa de la catedral, que fue gravemente dañada por una explosión, además de contabilizarse la pérdida del patrimonio documental del seminario, hechos que no habían acontecido en el país desde las matanzas de Madrid y Barcelona de 1834 y 1835.18 Estos hechos de Asturias, avivados por la propaganda partidista que reclamó el castigo y represión de los revolucionarios, evidenciaron el grado de radicalización y división de la sociedad española en dos sectores que unos meses más tarde se enfrentaron nuevamente de manera general y trágica durante la Guerra Civil.

Represión en el bando republicano

El colapso del sistema legal republicano y de poder estatal en los días siguientes a la sublevación militar del 18 de julio de 1936, junto a la decisión tomada de facilitar armamento a los civiles, facilitaron el estallido de la revolución popular durante la cual milicias y tribunales revolucionarios se hicieron rápidamente con el control de las ciudades, pueblos y aldeas de la zona republicana en sustitución del Gobierno, que no pudo reaccionar y recuperar la autoridad hasta varios meses más tarde.

La Revolución fue acompañada en los primeros meses por una escalada de terror anticlerical que sólo entre el 18 y el 31 de julio, causó la muerte a 839 religiosos, prosiguiendo durante el mes de agosto con otras 2.055 víctimas, incluyendo a 10 de los 13 obispos asesinados en el total de la guerra, es decir, un 42% del total de víctimas registradas.19 Los efectos de esta violencia, dirigida no solo contra la Iglesia, sino contra todos aquellos que se consideraban identificados con la sublevación o, simplemente, enemigos de clase, corrieron en paralelo con la que se ejerció en el mismo período en la zona de control de los sublevados, con casi el 80% de los 7.000 civiles asesinados en Zaragoza y el 70% de los 3.000 de Navarra en toda la contienda, víctimas durante el año 1936.20

Los asesinatos de religiosos y la destrucción de edificios de culto sucedieron inmediatamente a las noticias de la insurrección sin que en ocasiones quedara claro que bando se haría con el control definitivo de la localidad. Así, el 20 de julio murieron frailes carmelitas en Barcelona, en medio del enfrentamiento entre un regimiento del Ejercito, que se hallaba atrincherado en el convento, con la milicias revolucionarias y las fuerzas de orden público leales a la República,21 mientras que en Sevilla las iglesias ardían la misma tarde del 18 de julio resultando muertos el párroco de la barriada obrera de San Jerónimo y un salesiano vestido de civil, cuyo cadáver fue arrojado a la iglesia en llamas de San Marcos.22

La mayoría de las víctimas asesinadas fueron parte del clero masculino y por fusilamiento en los llamados paseos, nombre eufemístico con el que se conoció al procedimiento y aplicación arbitraria del asesinato político, sin ningún tipo de juicio o tribunal previo. A imagen de otros numerosos episodios de brutalidad en ambos bandos, hubo casos en que las víctimas sufrieron torturas y otros abusos antes de morir, como los casos de Carmen García Moyón, muerta tras ser quemada viva en Torrente el 30 de enero de 1937, Plácido García Gilabert, muerto tras sufrir mutilaciones el 16 de agosto de 1936 o Carlos Díaz, enterrado aún con vida en el cementerio de Agullent, siendo poco más tarde fusilado.23

Uno de los ejemplos más destacados entre los casos de la brutalidad revolucionaria durante el verano de 1936 aconteció en la diócesis de Barbastro, la de mayor mortandad del país entre sus miembros incardinados pues se causó la muerte a 123 de los 140 sacerdotes, es decir, el 88% de sus miembros,24 25 incluyendo a su obispo, además de 51 frailes claretianos, 18 benedictinos y 9 escolapios, pero en la que no sufrió la misma suerte ninguna de las religiosas.26 En otras diócesis la proporción de religiosos asesinados alcanzó cifras considerables, como la de Lérida con el 66% de miembros ejecutados, Tortosa el 62%, Málaga al 48%, Menorca el 49%, Segorbe el 55% o la de Toledo, que perdió al 48% de los religiosos. En las grandes ciudades, los porcentajes relativos son inferiores, pero superan a muchas otras en términos absolutos: Madrid, con 334 sacerdotes fusilados, perdió al 30% de su comunidad religiosa, Barcelona al 22% con 279 muertos y Valencia al 27%, con 327 víctimas.25

Tras el sangriento mes de agosto del 1936, diversos dirigentes del bando republicano realizaron declaraciones justificando la violencia anticlerical desde la perspectiva política, considerando que la Iglesia se había posicionado ella misma, por su apoyo al bando sublevado, como parte beligerante de la contienda y por lo tanto, enemigo de la República.25 Aunque visibles desde los primeros días de la guerra en algunas unidades de combate como las de Navarra, donde muchos religiosos se habían integrado en las unidades de requetés para acompañar a los combatientes, como recuerda un testigo,27 los casos en la que los religiosos empuñaron armas fueron escasos y en circunstancias poco claras, como recuerda el hispanista Ranzato, pues según él, solo se ha podido confirmar un único episodio en los una iglesia participó en los combates armados, el caso de las Carmelitas de la Diagonal de Barcelona.28

La violencia en contra de la Iglesia Católica era asumida por los líderes obreros. Así, el líder del POUM, Andrés Nin, en un mitin llevado a cabo el 1 de agosto de 193629 proclamó que la "cuestión religiosa", a diferencia de la ineficaz legislación republicana "burguesa", había sido "resuelta" gracias a la acción revolucionaria de la clase obrera.


Magnitud de la tragedia
Puerta del cementerio de Paracuellos de Jarama erigido en el lugar donde se enterraron a los asesinados. De los cientos de asesinados, los religiosos constituyeron uno de los grupos más significativos.

Al término de la contienda, según el estudio de Antonio Montero Moreno, historiador y periodista que fue arzobispo de Mérida-Badajoz entre 1994 y 2004, que fue su tesis doctoral por la Universidad de Salamanca, el número de religiosos asesinados en la retaguardia republicana ascendió a 6.832, de las cuales 4.184 eran sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas.44 Otras fuentes promovidas por la Iglesia, entre ellas el estudio de Vicente Cárcel Ortí para la preparación del "catálogo de los mártires cristianos del siglo XX", solicitado por el papa Juan Pablo II en el marco del Gran Jubileo del Año 2000 amplían la estimación con 3.000 seglares, en su mayoría pertenecientes a la Acción Católica, con lo cual estiman en torno a 10.000 el número de víctimas pertenecientes a organizaciones eclesiásticas.45

Los obispos asesinados fueron:

Florentino Asensio Barroso, obispo de Barbastro (1877-1936);
Manuel Basulto Jiménez, obispo de Jaén (1869-1936);
Manuel Borrás Ferré, obispo auxiliar de Tarragona (1880-1936);
Narciso de Esténaga Echevarría, obispo de Ciudad Real (1882-1936);
Salvio Huix Miralpeix, obispo de Lérida (1877-1936);
Manuel Irurita Almándoz, obispo de Barcelona (1876-1936);
Cruz Laplana y Laguna, obispo de Cuenca (1875-1936);
Manuel Medina Olmos, obispo de Guadix (1869-1936);
Eustaquio Nieto Martín, obispo de Sigüenza (1866-1936);
Anselmo Polanco Fontecha, obispo de Teruel (1881-1939);
Juan de Dios Ponce y Pozo, administrador apostólico de Orihuela (1878-1936);
Miguel Serra Sucarrats, obispo de Segorbe (1868-1936) y
Diego Ventaja Milán, obispo de Almería (1880-1936).

HABLAMOS DE OBISPOS, QUE HAY POCOS.

Todos sabemos lo que hizo la izquierda, y como respondió la derecha, la izquierda se buscó lo que le pasó al cien por cien, lo malo es que aún le sigue escociendo , y pretende pasar factura aún en el 2011.......
Pero no engaña a nadie, la izquierda PERDIO.....y quiere simplemente venganza, no justicia, si quisiera esto último, sería para ambos bandos

El levantamiento de Franco tuvo muchos pretextos, pero no fue en realidad otra cosa que la defensa de los intereses de la clase dominante. Si era para restaurar el "orden" frente al "caos", como si el desorden estuviera promovido por los gobiernos de la república, ¿por qué quitarle la soberanía al pueblo poniendo una dictadura? ¿Es que España es propiedad de unos pocos que deciden por todos?

La Iglesia, por ejemplo, estaba acostumbrada secularmente a tener privilegios, a aceptarlos y a querer siempre más, todo lo posible. Cuando pudo, incluso impuso sus dogmas a sangre y fuego, y cuando se eliminó la Inquisición fue a su pesar. No es de extrañar que hubiera masas de gente que estuvieran muy resentidas contra los que mandaban en la Iglesia. Razones sobradas tenían, aunque nunca se justifican los atropellos.

Realmente lo que se echa en falta en España es una exigencia de responsabilidades a los sublevados en 1936, que ya habían intentado antes (Sanjurjo, 1932) lo que por fin consiguieron. Pero no hubo ruptura con el franquismo, sólo una miserable reforma pactada. No tenemos democracia, realmente, como dicen esos que ahora protestan.

Carrillo, ese al que tanto acusan desde hace años, fue la clave para que la oposición que realmente combatía a la dictadura aceptara la reforma pseudodemocrática que tenemos y, por tanto, la que evitó que ellos, los fascistas, fueran juzgados.

A ver si sabemos de lo que hablamos, señores mascamierda.

Si no la das a la entrada, la das a la salida......

Pero por el esfuerzo realizado y hablar con argumentos, te contesto por la mañana, hoy ya no tengo más tiempo para leer ni contestar.

Muchas gracias
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Re: ¿El levantamiento de Franco fue en reacción al hostigamiento anti religioso?

Mensaje por Azali Ayer a las 9:46 pm
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¿por qué quitarle la soberanía al pueblo cubano poniendo una dictadura? ¿Es que Cuba es propiedad de unos pocos que deciden por todos?

Pregúntale a Manoliño que hoy anda alpargateando por aqui por la libre solo y sin bozar. ¿Será que se atreverá a echarme?

Azali escribió:¿por qué quitarle la soberanía al pueblo cubano poniendo una dictadura? ¿Es que Cuba es propiedad de unos pocos que deciden por todos?

Sócrates escribió:La Iglesia, por ejemplo, estaba acostumbrada secularmente a tener privilegios, a aceptarlos y a querer siempre más, todo lo posible. Cuando pudo, incluso impuso sus dogmas a sangre y fuego, y cuando se eliminó la Inquisición fue a su pesar. No es de extrañar que hubiera masas de gente que estuvieran muy resentidas contra los que mandaban en la Iglesia. Razones sobradas tenían, aunque nunca se justifican los atropellos.

Realmente lo que se echa en falta en España es una exigencia de responsabilidades a los sublevados en 1936, que ya habían intentado antes (Sanjurjo, 1932) lo que por fin consiguieron. Pero no hubo ruptura con el franquismo, sólo una miserable reforma pactada. No tenemos democracia, realmente, como dicen esos que ahora protestan.

Carrillo, ese al que tanto acusan desde hace años, fue la clave para que la oposición que realmente combatía a la dictadura aceptara la reforma pseudodemocrática que tenemos y, por tanto, la que evitó que ellos, los fascistas, fueran juzgados.

A ver si sabemos de lo que hablamos, señores mascamierda.

A ver ciego..........
Quieres decirme que fueron los curas, monjas, obispos, el Papa, cardenales, los seminaristas etc..etc y los soldados que estaban con Franco al otro lado del país...¿los que violaron, asesinaron, profanaron tumbas, dieron el paseíllo, robaron y quemaron iglesias, bibliotecas, catedrales, escuelas etc...etc..?
Mira, no me gusta lo que pasó, pero poco me parece que hizo después la derecha, con la BARBARIE COMETIDA POR LOS MAL LLAMADOS LIBERTARIOS REPUBLICANOS.
No me jodas, que se levantaron en armas artos y hasta los cojones de las atropelias de la republica bananera, que lo único que tenía de bueno, fue que el pueblo la voto.

Bien dicho. Republicano no es , sino republic-asno. Y ciego, por supuesto