Nuevo escándalo en Andalucía.

Las
ayudas europeas al empleo y la formación siempre han estado
estrechamente controladas por el PSOE, a través de la Junta. Ahora, el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ordenado a la Guardia
Civil que investigue un posible fraude masivo en la concesión de las
ayudas de la Unión Europea (UE) al empleo en Andalucía, que han
sido gestionadas por la Junta. Aunque aún se está en los preliminares de
la investigación, se intuye que estamos ante un escándalo todavía más
hiriente e importante que los de Mercasevilla y los ERE.

Hace meses se investigaron en Cádiz presuntas irregularidades cometidas
por sindicatos al gestionar cursos de formación a trabajadores que
estaban subvencionados por la UE. Esas pesquisas revelaron que
en bastantes ocasiones las centrales sindicales cobraban pero no
impartían los cursos comprometidos, aunque sí expedían los
correspondientes diplomas a los interesados.

Diez miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores fueron
detenidos en una operación contra el fraude en Cádiz por emitir títulos
de formación a cambio de dinero. Los certificados eran concedidos por la
escuela de salud pública de Canarias. El juez envió a prisión al
secretario general del SIT de Cádiz. Habría defraudado más de un millón
de euros. Usaban la tapadera de un sindicato, aunque sus miembros, según
la Guardia Civil, no realizaban actividad sindical alguna. Esta
supuesta organización expedía certificados y diplomas sobre cursos de
formación no realizados.

Previo pago de unos 80 euros como mínimo y una fotocopia de DNI se les
daba a los solicitantes sus títulos unos documentos que eran autorizados
por diversos organismos oficiales y otras empresas delegadas. Más tarde
eran presentados por los alumnos, para concursos oposiciones o bolsas
de contratación, que ahora quedaría en duda.

Y ahora, las empresas

En este contexto se detectaron indicios de que existía una segunda
modalidad de fraude con las ayudas europeas en la que los beneficiados
eran empresas de la provincia. Esas subvenciones eran gestionadas por la
Junta de Andalucía dentro de sus programas de apoyo al empleo.

Cuando una empresa se ponía en contacto con el organismo correspondiente
de la Junta para acogerse a los beneficios de la ayuda
europea, contrataba a varias personas; a cambio, recibía la subvención
que estaba estipulada.

Pero el empresario daba de alta a sus nuevos trabajadores en la
Seguridad Social sólo el tiempo estrictamente necesario para cobrar la
ayuda. En ese momento, despedía a los nuevos empleados y obtenía así un
considerable beneficio. Pero la Junta de Andalucía no cruzaba sus datos
con los de la Seguridad Social, de modo que no sabía —o no quería saber—
si aquellos empleos que decía crear eran reales o virtuales, de apenas
unos días.

Ante la certeza de que este tipo de subvenciones habían llegado no solo a
Cádiz sino también al resto de provincias de la Comunidad, la Fiscalía
del TSJA ordenó a los fiscales provinciales, cuenta ABC, que abrieran
sendas investigaciones para determinar si en sus demarcaciones se habían
producido sucesos similares y, por tanto, nos encontrábamos ante lo que
podría ser una trama perfectamente organizada, según explicaron fuentes
próximas al caso. Al frente del conjunto de la investigación se situó a
los especialistas de la Guardia Civil.

De confirmarse, estaríamos ante un escándalo de enormes proporciones
económicas, sociales y políticas. La investigación puede alcanzar a
centenares de empresas y a miles de trabajadores, quienes por motivos
aún no explicados, no denunciaron ni por sí ni a través de sus
sindicatos, la situación.

En medio de este barullo corrupto, late la posibilidad de que haya
cuajado una corte de intermediarios entre las empresas que se
beneficiaban de las subvenciones y la Junta, que gestionaban los fondos
de la Unión Europea, jun modelo parecido al de los ERE.

Según las investigaciones, al menos ha existido una actuación negligente
por parte de la Junta de Andalucía. Las pesquisas en marcha no
descartan actuaciones delictivas

Una empresa de la Junta de Andalucía pedía informes "con datos falsos" para dar ayudas

Según informan varios medios andaluces en sus ediciones de este
lunes, el exdirector de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos, ha
hecho llegar a la magistrada la grabación de una
conversación en la que, presuntamente, la presidenta de esta entidad,
Laura Gómiz, le presiona y le da órdenes para que redacte informes con
fechas y datos falsos sobre ayudas ya concedidas, a lo que éste se
niega.

En dicha conversación grabada, donde se hace alusión a la auditoría
que a principios de 2011 estaba realizando la Cámara de Cuentas, Gómiz
le pide a Cantos que realice informes "pasados", es
decir, expedientes nuevos sobre empresas que ya han recibido fondos para
justificar que la inversión era correcta, al tiempo que le ordena que
realice otros con datos falsos.
Gómiz le pide al exdirector de Promoción que redacte una propuesta de inversión con una rentabilidad del 15%, a lo que se niega con rotundidad porque "no es cierto".
Ante esta situación, la presidenta de Invercaria le llega a manifestar:
"No me sirves como trabajador de Invercaria". La advertencia acabó con
el despido de Cantos.