La Audiendia Nacional española querían que Facebook y Google se chivasen.

Google y Facebook rechazaron identificar a los convocantes del 25-S fuera de la Justicia.
La Audiencia Nacional solicitó los datos personales y los dispositivos
desde donde se estaban utilizando los correos electronicos habilitados
para organizar la convocatoria del 25-S. Google y Facebook facilitaron a
la Policía más de 50 IPs de ordenadores, es decir la clave numérica que
identifica el dispositivo, además de un número de móvil asociado a uno
de los correos.




La investigación a la convocatoria del 25-S se judicializó el pasado
14 de agosto. El objetivo era identificar a los promotores de la
protesta. Con este fin, los agentes de la Brigada de Investigación
Tecnológica de la Policía Nacional, responsables de las investigaciones,
solicitaron varios mandamientos judicales. El primero a Facebook para
que identificara al creador del evento 'Ocupa el Congreso'.
Además, los agentes señalan un video de la convocatoria con enlace a
Youtube colgado el 29 de junio y detallan las principales páginas desde
donde se difunde la convocatoria.
Sobre estas páginas la Policía pide al juez los mandamientos judiciales correspondientes para investigar e identificar las IPs
de los dispositivos desde donde se utilizan las cuentas de correo
electrónico creadas ad hoc para la convocatoria del 25-S. En concreto,
info.ocupaelcongreso; contacto.ocupaelcongreso; medios.ocupaelcongreso;
paseeoalcongreso.contacto, todas de Gmail por lo que se dirigen a Google Inc. El mandamiento a Facebook
es similar, los agentes solicitan "todos los datos relacionados con el
creador del evento 'OcupaElCongreso", concretamente el perfil, las
direcciones IPs, fechas, horas de creación y los datos asociados al
perfil que lo creó.
Una vez acotan los dispositivos, los agentes
intentan cerrar el círculo y piden a las empresas de telecomunicaciones,
según se lee en el sumario, "cuantos datos de identificación tengan en sus archivos
sobre los usuarios a quienes les fueron asignadas las direccones IPs y
en concreto el teléfono físico asociado para la conexión a Internet".
Ambas
compañías norteamericanas facilitaron a los agentes de la brigada de
Investigación Policial un listado con las IPs utilizadas desde donde se
mandaron correos electrónicos, revelando 50, además de un teléfono móvil
asociado a uno de los correos. Sin embargo, Google y Facebook
rechazaron ir más allá, es decir, aportar nombres, apellidos y datos
personales de los usuarios e instaron a la Policía a utilizar los cauces
habituales. En este caso, una comisión rogatoria a través del Departamento de Justicia Norteamericano.
Los departamentos de seguridad de Facebook y Google Inc recuerdan
también a la Policía que para obtener esa información sobre datos
personales de los usuarios de sus redes se requiere, al menos, acudir al
Tratado de Asistencia Legal Mutua.
Compañías españolas
La
Policía quiso investigar e identificar a los usuarios que accedían a
estas cuentas de corre, para lo que pidieron a cinco empresas
proveedoras de accesoa a Internet facilitar la titularidad de las
mismas. Los cinco mandamientos judiciales fueron a Vodafone, R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, Jazztel Telecom,
Telefónica y Orange. Todas identifican las IP?s de los ordenadores y
por el momento no han remitido las identidades de los usuarios.
La convocatoria "Ocupa el Congreso" se judicializó el pasado 14 de agosto por posibles delitos de subversión del orden Constitucional y
alteración de la paz pública a raiz del primer comunicado que circulaba
en Internet bajo el título 'Ocupa el Congreso'. En dicho manifiesto se
instaba a un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, la
dimisión del Gobierno y la disolución de las Cortes y de la Jefatura del
Estado, entre otros puntos. El evento se publicó por primera vez en
Facebook el pasado 17 de junio de 2012 de forma anónima. La
investigación policial la ha llevado a cabo Brigada de Información de
Madrid - dedicada al seguimiento de grupos extremistas y violentos - y
los agentes del Grupo de Fraudes en el Uso de las Telecomunicaciones de
la Policía Nacional.





¿Cómo empezó la investigación judicial del 25-S?



Las últimas acciones legales contra el entorno de los convocantes y
simpatizantes del 25-S no estaban motivadas por una escalada de tensión
entre los convocantes de la protesta y la Policía sino por la propia
investigación de la Audiencia Nacional. Las identificaciones en las
asambleas celebradas en el retiro, las detenciones en la manifestación
de los sindicatos el pasado 15 de septiembre ante el intento de
desplegar una pancarta con el lema "Ocupa el Congreso" e incluso los
registros policiales dentro de los autocares que trasladaban a los
participantes hasta Madrid eran el resultado de la instrucción judicial
contra la protesta "Rodea el Congreso". Se inició de oficio, por parte
de la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía
Nacional. El pasado mes de junio y a raíz de la publicación del primer
manifiesto difundido el 17 de junio bajo el nombre "Ocupa el Congreso"
hecho público en Facebook. El comunicado llamaba a "permanecer en el
Congreso de manera indefinida, la dimisión del Gobierno y la apertura de
un proceso constituyente", entre otros objetivos, lo que podía suponer
delitos contra la Constitución.
La denuncia por este posible
delito contra las instituciones del Estado recaló en el juzgado de
instrucción número 17 de Madrid el pasado mes de julio. El juzgado, con
el visto bueno de la Fiscalía, rechazó abrir diligencias al considerar
que la urgencia alegada por la Policía no estaba justificada.
Finalmente, el juzgado número 35 abrió diligencias previas para
inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al tratarse del artículo 494
del Código Penal. Fue entonces cuando el atestado recabó en el juzgado
de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, a manos del magistrado
Santiago Pedraz.
La instrucción de la Audiencia Nacional es la
primera investigación a los miembros activos de este tipo de
convocatorias y protestas basadas en la desobediencia civil. En Estados
Unidos no hay precedente de instrucciones judiciales en el entorno del
movimiento Occupy Wall Street, tampoco en el resto de países europeos.
PILAR VELASCO





Fases de la investigación



Según se desprende de la lectura del sumario, en la investigación
policial y judicial al 25-S hay varias fases. En la primera la Policía
se centra en identificar a los promotores de la concentración vía
Internet: a través de las redes sociales, sus correos electrónicos y
números de teléfono asociados a las cuentas de la convocatoria, además
de intentar localizar a los grupos de apoyo de la convocatoria "Rodea el
Congreso". En una segunda fase, a partir del 24 de agosto, los agentes
mantienen la vigilancia en las redes y en cada movimiento de la
convocatoria a través de Internet; ya tienen los nombres y apellidos de
alguno de los promotores y centran la instrucción en seguirles e
identificar a los miembros del entorno. Además, tratan de localizar a
cualquier persona que quiera participar en una manifestación bajo
sospecha, al poder estar incurriendo la convocatoria en un delito contra
las Instituciones del Estado. Así lo demuestran los mandamientos a los
bancos para que faciliten a la Policía el nombre y apellido de los
titulares y de quienes ingresan donaciones o el precio del billete de
autobús para venir desde otras provincias a Madrid. Dos días después de
la firma de ese mandamiento, el juez imputó a ocho de los promotores de
la convocatoria de un delito contra el Estado.
El día de la
manifestación, ya legalizada por la Delegación de Gobierno, los GEO
identificaron a los viajeros con controles y registros establecidos a la
entrada de la capital. Según la instrucción, desplazarse a Madrid para
participar en la convocatoria "Rodea el Congreso" el pasado 25-S podía
suponer un delito de colaboración por participar en hechos delictivos.
Los 35 detenidos vinculados con los altercados del 25-S han acabado en
la Audiencia Nacional, tras la inhibición de una jueza de Madrid que
entendía que sobre todos los arrestados podía haber "sospechas
bastantes" de haber atentado contra las Cámaras.
PILAR VELASCO

Yo conozco a una que anda asustada porque si le van a poner un chip a todos

Y hoy no sé pepera dijo NADA MENOS que es hora der " revisar" la Ley de Libertad De Reunión del año 1983.

¿Con el PP vamos camino al castrismo?

Eso esta desmentido, y eso que leo periodicos online nadamas...

De desmentido nada.
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20121002/54352166891/cifuentes-dice-que-la-ley-es-permisiva-con-derecho-de-reunion-y-pide-modularla-para-racionalizar.html

Sin embargo, considera que el derecho de reunión hay que "modularlo"
porque la Ley Orgánica que lo recoge, de 1983, "tiene muchos años".
"Habría que modificarla, no para recortar derechos, pero sí para
racionalizar el uso del espacio público. No puede ser que en un mismo
día en Madrid haya diez manifestaciones en la misma zona. Los
comerciantes y vecinos del Centro de Madrid están desesperados con toda
la razón", ha dicho.


Leer más: http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20121002/54352166891/cifuentes-dice-que-la-ley-es-permisiva-con-derecho-de-reunion-y-pide-modularla-para-racionalizar.html#ixzz28Ha1wdP8

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Estos no estan de acuerdo con la opinion de esa

http://www.20minutos.es/noticia/1606767/0/interior/modificar/ley-manifestaciones/

http://www.20minutos.es/noticia/1606011/0/policia/cifuentes/derecho-manifestacion-sagrado/

El Gobierno asegura que no se plantea modificar la ley sobre manifestaciones
75Comentarios

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, planteó esa posibilidad y aclaró que pretendía abrir un debate.