Funcionarios de la industria tabacalera acusados de corrupción

Juan O. Tamayo


jtamayo@elnuevoherald.com


Manuel García, quien por mucho tiempo fue vicepresidente del monopolio estatal de la industria del tabaco de Cuba, fue arrestado y 10 de sus empleados podrían ser llevados a juicio por corrupción, de acuerdo con la revista británica The Economist.
En un reportaje publicado el jueves en su sitio de internet, la revista semanal reportó que García, el segundo al mando de Habanos S.A., ha estado encarcelado desde agosto “acusado de planear y organizar corrupción a gran escala”.
Investigadores cubanos creen que García y 10 de sus empleados, “quienes también serían llevados a juicio”, estaban aceptando sobornos a cambio de vender tabacos cubanos a precios rebajados a distribuidores en el Caribe que trabajan en el mercado negro, reportó The Economist.
Hasta el jueves por la noche no se había podido confirmar independientemente el reporte del arresto de García, desconocido con anterioridad y fechado en La Habana. Llamadas a las oficinas de Habanos S.A. en la capital cubana no fueron respondidas.
García ha dirigido por más de una década Habanos S.A., el monopolio estatal cubano de comercialización del tabaco, y ha actuado a menudo como anfitrión de eventos importantes relacionados con el tabaco, tales como los festivales que se celebran anualmente en la capital cubana.
Habanos S.A. es una empresa en común a partes iguales entre Cubatabaco, propiedad del gobierno cubano, y Altadis, compañía española propiedad de Imperial Tobacco, una empresa británica.
The Economist reportó que Imperial Tobacco no hizo comentarios sobre el caso de García, “pero, lo mismo que el gobierno [cubano], tiene la esperanza de que el nuevo equipo directivo de Habanos proteja el lucrativo monopolio del producto más famoso de Cuba”.
La página de internet de Habanos S.A. dice que la empresa se fundó en 1994 para “comercializar todos los productos cubanos del tabaco, tanto en Cuba como en el resto del mundo”. Afirma además que la compañía ahora cuenta con una presencia en más de 150 países, y que más del 90 por ciento de sus ingresos provienen de su “actividad comercial internacional”.
El caso de García es sólo el más reciente en una creciente serie de escándalos de corrupción ocurridos en Cuba en los últimos años.
Rogelio Acevedo, presidente del Instituto de Aviación Civil, fue destituido en medio de una investigación de alegaciones de que funcionarios de la aerolínea estatal Cubana de Aviación se estaban embolsillando los ingresos de decenas de vuelos de carga y de pasajeros que no figuraban en los libros de cuentas.
Pedro Álvarez, ex director de Alimport, la agencia estatal que administra miles de millones de dólares en importaciones agrícolas, se fue del país para no enfrentarse a los investigadores estatales de corrupción y supuestamente ahora vive en Tampa.
Las autoridades cubanas han pedido la extradición de Max Marambio, marxista chileno y amigo de muchos años de Fidel Castro, para juzgarlo por cargos de corrupción en relación con tres de sus compañías de turismo y procesamiento de alimentos en Cuba.
Esteban Morales, un economista de La Habana y miembro por muchos años del Partido Comunista, escribió una columna en abril del año pasado alegando que la corrupción estaba creciendo al punto de que representaba una amenaza al gobierno mayor que “la contrarrevolución”.
Un diplomático de Estados Unidos en La Habana ya había escrito un despacho en el 2006 señalando que “todo el sistema -desde los funcionarios de menor cuantía hasta los asesores más cercanos a Castro- está plagado de prácticas corrupción”.
“La corrupción y el robo han llegado a ser uno y lo mismo. Las prácticas de corrupción incluyen además el soborno, el uso indebido de recursos estatales y trucos de contabilidad”, agregó el diplomático, y añadió: “Cuba se ha convertido en un estado que se vende al mejor postor”.
El cable, hecho público por el sitio de internet Wikileaks, agregó que un empresario suizo le había dicho a un diplomático estadounidense que los gerentes cubanos aceptaban sobornos para otorgar contratos a compañías extranjeras, y que depositaban el dinero en bancos en el extranjero.
“Lo mismo que en cualquier otro lugar del mundo, un contrato por millones de dólares te pone $100,000 en el banco”, afirmó el empresario, según el despacho.


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